Washington, 5 de febrero. El gobierno de Estados Unidos formalizó la anunciada demanda civil en contra de Standard & Poor’s y su matriz, The McGraw-Hill Companies, en la que acusa a la firma de haber engañado conscientemente a los inversionistas con notas a los productos financieros adosados a préstamos hipotecarios de alto riesgo. El gobierno dijo que espera obtener una compensación por 5 mil millones de dólares en la querella contra S&P y McGraw-Hill. Básicamente, esta supuesta conducta es indignante, y va directo al centro de la reciente crisis financiera, calificó el fiscal general Eric Holder en conferencia. Dieciséis estados y el Distrito de Columbia también están demandando a S&P.

Consideraciones sobre cuotas, cuota de mercado, ganancias y relaciones con los emisores influyeron indebidamente en los criterios y modelos de calificación de S&P, especificó el gobierno. Las acciones de The McGraw-Hill Companies cayeron 13.8 por ciento después de conocerse la noticia, su mayor descenso porcentual en un día desde el colapso del mercado financiero en 1987.

Estados Unidos acusó que S&P infló calificaciones de crédito y subestimó riesgos asociados con títulos hipotecarios, impulsado por un deseo de obtener más negocios de los bancos de inversión que emitieron esos títulos. S&P también declaró falsamente que sus calificaciones de crédito eran objetivas, dijo la demanda. La querella de 119 páginas, presentada el lunes en la corte federal de Los Angeles, es la primera del gobierno en contra de una agencia de calificación de crédito, sector que en general se ha protegido de cualquier responsabilidad al citar la protección de la Primera Enmienda.

A partir de septiembre de 2004 y al menos hasta octubre de 2007, en el distrito de California y otras pares, McGraw-Hill, a través de las calificaciones de su filial S&P, “con conocimiento de causa y la intención de inducir a error, concibió y ejecutó un sistema para engañar a los inversionistas con sus notas de productos financieros derivados de créditos hipotecarios, explica la demanda, presentada a última hora del lunes ante un tribunal federal de Los Angeles.

La noticia también hizo que las acciones de Moody’s, cuya unidad Moody’s Investors Service es la principal rival de S&P, cayeran 10.7 por ciento. No está claro por qué los reguladores se podrían estar centrando en S&P en lugar de Moody’s o Fitch Ratings de Fimalac.

S&P, Moody’s y Fitch han recibido fuertes críticas de inversionistas, políticos y reguladores desde hace tiempo por asignar altas calificaciones a miles de valores de alto riesgo y otros activos hipotecarios que rápidamente se vinieron abajo.

Esta demanda es significativa porque podría augurar futuras medidas del gobierno, o incluso peor para las agencias, más litigios de los inversionistas, opinó Jeffrey Manns, profesor de derecho en George Washington University en Washington, DC. Un caso civil supone un menor peso de pruebas que un caso criminal y podría hacer más fácil a los investigadores descubrir pruebas potenciales mediante citaciones judiciales, agregó.

El diario The New York Times informó que las negociaciones entre el Departamento de Justicia y S&P fracasaron la semana pasada, después de que el gobierno buscara un acuerdo por más de mil millones de dólares (unos 730 millones de euros).

Demanda, sin méritos: S&P

S&P comunicó que la demanda se centra en sus calificaciones de 2007 a varias obligaciones de deuda garantizadas (CDO, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. La agencia había revelado previamente una investigación de la Comisión de Valores de Estados Unidos sobre sus calificaciones por un CDO de mil 600 millones de dólares conocido como Delphinus CDO 2007-1. No estaba inmediatamente claro si ese CDO es parte del caso.

Una demanda del Departamento de Justicia carecerá de méritos legales o factuales, precisó S&P en un comunicado. El Departamento de Justicia se equivocaría al afirmar que las calificaciones de S&P estuvieron motivadas en consideraciones comerciales y que no fueron emitidas de buena fe, agregó.

En una variedad de demandas presentadas por inversionistas, S&P ha afirmado que sus calificaciones constituyen opiniones protegidas por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.