Jorge Gaviño Ambriz, diputado local del Partido Nueva Alianza (Panal), e integrante de la Comisión de Uso y Aprovechamiento de Bienes Públicos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), informó que ese órgano legislativo trabaja en conjunto con todas las fuerzas políticas en la elaboración de una iniciativa para regular el estacionamiento público en la ciudad de México.

Indicó que la iniciativa plantea, entre otros aspectos, que el Gobierno del Distrito Federal sea el que licite el uso y aprovechamiento de los espacios de estacionamiento que funcionan con parquímetros bajo la figura de permiso temporal revocable (PTR), para que este servicio opere mediante una concesión que se tenga que licitar, con la finalidad de garantizar las mejores condiciones para el estado y los usuarios.

El legislador señaló: No es correcto que el oficial mayor del gobierno capitalino, mediante una comisión de patrimonio inmobiliario, determine unilateralmente el costo de los estudios y luego decida sobre una empresa que la misma escoge.

Explicó que en el contexto de la licitación, la iniciativa propone exigir a las empresas que mediante un seguro garanticen la integridad de un vehículo y de esta forma se absorban los daños y robos que lleguen a ocurrir.

Que los usuarios tengan la garantía de que, al echarle dinero a la máquina o utilizar ese servicio de estacionamiento público, esté garantizada la integridad de su vehículo.

Otra propuesta es que cámaras conectadas a la Secretaría de Seguridad Pública coadyuven en la protección de los vehículos.

El legislador expuso que otro factor a regular en materia de parquímetros son las ganancias que por este servicio el gobierno capitalino otorga a los líderes vecinales, para que éstos a su vez los reinviertan en las colonias.

Indicó que al ser recursos públicos es necesario que se transparente tanto su recepción como su gasto.

Indicó que al transformarse de un permiso remporal revocable a una concesión, sería muy transparente el recurso que entre al gobierno, pues toda licitación pública debe garantizar las mejores condiciones para el estado.