El incremento de las agresiones contra los movimientos sociales hizo que organizaciones defensoras de derechos humanos relanzaran la campaña Protestar es un derecho, reprimir es un delito, con la cual pretenden hacer visibles las violaciones a los derechos y la responsabilidad que tienen las autoridades de atender las demandas ciudadanas.

Entre los casos que mencionaron está la detención arbitraria que hicieron efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) de jóvenes que protestaron por la toma de posesión de Enrique Peña Nieto como presidente de la República.

En la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), el director del Centro Fray Francisco de Vitoria, Miguel Concha Malo, señaló que la campaña es una alerta ante el riesgo de que retrocedan los modestos logros que se han alcanzado en el avance de la democracia, tanto para el gobierno federal como para los municipales.

Concha Malo consideró que la criminalización de la protesta persiste; es sistemáticamente aplicada por el Estado para desarticular los movimientos de grupos o personas que defienden sus derechos.

Tan sólo en la ciudad de México, en 2012 la CDHDF documentó 58 casos de violaciones que se investigan, señaló su titular, Luis González Placencia.

José del Rosario Marroquín, del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, indicó que la falta de un cambio en el modelo económico ha generado que la política represiva no sólo continúe, sino se profundice y protestar es un derecho que no puede ser menoscabado por la autoridad.

Agniezka Raczynska, de la Red todos los derechos para todos y todas, que en 2008 lanzó la campaña por primera vez, señaló que la razón de hacerlo nuevamente se debe a que los casos de agresiones se han triplicado. La red registró 180 agresiones a defensores de derechos humanos entre 2011 y 2012.

En la ciudad de México, indicó el ombudsman capitalino, hemos visto situaciones en las que el uso del sistema penal ha sido desproporcionado o mal utilizado. Confundiendo el derecho a protestar con la obligación que tiene la autoridad de proteger la propiedad y los bienes de las personas que son afectadas con estos derechos.

Abundó: es muy importante dejar claro que si bien todas y todos tenemos derecho a protestar, hay que hacerlo de manera pacífica; que no haya cabida en esta ciudad ni en este país para manifestaciones violentas. Eso implica una doble obligación para la autoridad, porque por una parte debe poner las condiciones, como efectivamente lo han hecho, para que la manifestación sea libre y se pueda llevar a cabo, y por otra, generar los mecanismos de prevención para que no haya terceros perjudicados.