La Comisión de la Verdad de Guerrero (Comverdad Guerrero), que investiga las violaciones de derechos humanos que se cometieron en el estado sureño durante la llamada guerra sucia en los años 60 y 70, denunció que uno de sus investigadores, Carlos Ernesto López, y el hijo de uno de los desaparecidos cuyo paradero forma parte de la averiguación, Miguel Flores Leonardo, recibieron amenazas de muerte anónimas y seguimientos este fin de semana.

En un boletín de prensa, firmado por los comisionados Enrique González Ruiz y Nicomedes Fuentes García, de inmediato se pidieron medidas cautelares para los afectados.

Comverdad Guerrero, que inició hace ya un año los trabajos para el esclarecimiento histórico de los crímenes lesa humanidad que cometió el Estado en el marco del combate contrainsurgente, dará a conocer en abril próximo su segundo avance, al que está obligado conforme a su ley interna. El resultado final tendría que ser hecho público en 2014.

El organismo considera que con estas amenazas se trata de inhibir la misión de los investigadores y evitar que se hagan públicas los resultados parciales de las averiguaciones. No hay otra explicación visible que no sea la preocupación de personas o grupos interesados en que la comisión vaya al fracaso, expresa el comunicado.

Carlos Ernesto López es miembro del equipo investigador cuyos trabajos están en la etapa de estudio de expedientes del Archivo General de la Nación.

Miguel Flores, por su parte, es testigo de la comisión, como hijo de un detenido-desaparecido, Tomás Flores Jiménez. Los autores de las amenazas han advertido a la familia que si Miguel sigue colaborando en la investigación, les van a entregar su cuerpo en cachitos.

La Comisión de Guerrero tiene como misión esclarecer los cientos de desapariciones forzosas registradas en el estado durante las décadas de la lucha antiguerrillera del Ejército. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tiene contabilizados en sus respectivas resoluciones cerca de 250 detenidos-desaparecidos en ese periodo. Sin embargo, conforme se han profundizado las investigaciones, a partir de los testimonios de los sobrevivientes y datos recabados hasta ahora por el organismo local, las víctimas podrían ascender a más de 600.

Además se investigan todas las demás violaciones a los derechos humanos derivadas de la desaparición, como la tortura, la detención arbitraria, ejecuciones extrajudiciales y desplazamientos forzosos.

Los trabajos de los comisionados han enfrentado algunos obstáculos, como la negativa de la Procuraduría General de la República a darles acceso a las averiguaciones previas hechas en su momento por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, por lo cual hay una demanda de amparo en curso.