Martí Batres, presidente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), informó que el consejo nacional de la organización se adelantó para este 5 de febrero ante la posibilidad que se dé un madruguete en el actual periodo extraordinario de sesiones para privatizar el petróleo.

En conferencia de prensa, adelantó ayer que en la reunión, de carácter extraordinario, los 200 consejeros –encabezados por Andrés Manuel López Obrador– definirán diversas movilizaciones en el contexto de una lucha totalmente pacífica, que incluye una campaña de información y sensibilización acerca de la intención del gobierno de concretar esa privatización, además de aplicar el IVA en alimentos, medicinas, libros, educación y transporte público.

Resaltó que la defensa se dividirá en etapas, que dependerán de la iniciativa que presente el gobierno o promueva el Congreso.

Si el proyecto se presenta en el actual periodo legislativo, el plan de acción de Morena abarcaría de febrero a abril. De no ser así, “tendríamos un plan de acción más amplio.

No sabemos con exactitud en qué tiempos quieran dar esta discusión; lo que hemos sabido es que pretenden dar un madruguete, un sabadazo, en este periodo; de ahí nuestra convocatoria a un pleno extraordinario. Estaba previsto que el consejo nacional se reuniera el 17 de marzo, pero se ha adelantado, por esta preocupación, pues estamos ante una situación de riesgo.

Apuntó que habrá momentos de lucha en la ciudad de México, en los estados y, obviamente, está el 18 de marzo, aniversario de la expropiación petrolera.

También decidiremos que hacer hoy, aniversario de la Constitución, y se aplicarán acciones bajo las enseñanzas de Martin Luther King y Mahatma Gandhi, totalmente pacíficas.

Acompañado por Paco Ignacio Taibo II, Bertha Luján y Rosario Piedra, Batres manifestó –en la sede nacional de Morena– que el consejo nacional está relacionado precisamente con las dos grandes líneas de trabajo de la organización: formar un partido político y un movimiento de lucha social que ahora abarcará, reiteró, el plan de acción en defensa del petróleo y contra el IVA.

Insistió en que la privatización del petróleo significaría la pérdida de cuantiosos recursos fiscales que hoy tiene el Estado mexicano, y dichos recursos los buscaría recuperar el gobierno federal aumentando los impuestos al consumo popular.

Para facilitar la aprobación de esos proyectos, añadió, se firmó el Pacto por México, con el fin de “generar una cobertura política en favor de las iniciativas del PRI y del gobierno federal.

El pacto contiene señalamientos como facilitar la atracción de la inversión y crear un entorno de competencia para la petroquímica, la refinación, el transporte de hidrocarburos; es decir, un esquema de privatización en todo lo que se refiere a los procesos de agregación de valor al petróleo.