Horas después de que el presidente Barack Obama anunció su decisión de impulsar una reforma migratoria que permitiría a 11 millones de indocumentados –al menos 6 millones de ellos de origen mexicano– obtener la ciudadanía estadunidense, Carlos Díaz fue detenido en el condado de Orange, al sur de Los Ángeles, por detener su vehículo sobre la línea blanca del cruce peatonal y no contar con la licencia de conducir que le fue requerida por los oficiales.

Era su primera falta después de trabajar 12 años de jardinero y albañil, después de cruzar la frontera sin papeles, pero con esto ya tiene antecedentes penales. Hoy, como más de 300 mil migrantes recluidos en las cárceles de ese país por delitos menores, espera la deportación, dejando atrás a su esposa, también de origen mexicano y sin documentos y a tres hijos, que son ciudadanos estadunidenses por nacimiento.

Es una de las grandes tragedias que enfrentan nuestros paisanos en este país. En la administración del presidente Obama ha habido más deportaciones que nunca en la historia, la cuales dividen a miles de familias. A veces es el padre el que es deportado, a veces la madre, y muchas veces los dos. Esto deja en la indefensión a sus hijos nacidos en EU, que con suerte se pueden ir a vivir con un pariente, pero las más de las veces acaban en manos del sistema de protección a menores; eso está rompiendo con las familias, advierte Lupe Gómez, directivo del Frente Cívico Zacatecano, del condado de Orange.

Para René Zenteno, investigador de El Colegio de la Frontera Norte (Colef), la separación de las familias es una de las muchas tragedias que viven actualmente los migrantes mexicanos, por lo que el control interno de la migración es uno de los temas centrales de cualquier reforma migratoria. Yo soy optimista, porque hay un compromiso de senadores tanto republicanos como demócratas, que es algo nuevo, pero ¿cómo me dices que me vas a dar una ley migratoria que me encamine a obtener la ciudadanía, y al mismo tiempo me detienes por una violación menor de tránsito y me extraditas, mientras mi familia se queda aquí? Esa es la pregunta que se hacen hoy los migrantes, dice.

Ambos coinciden con el catedrático José Luis Orozco, de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, en que el apoyo en el Senado para esta ley no garantiza en modo alguno que sea aprobada en la Cámara de Representantes, que ha frenado iniciativas de esta naturaleza, además de que se reavivarán antiguos debates que, asegura el profesor universitario, tienen sustento en la visión xenófoba del estadunidense promedio y no en las aportaciones económicas de la comunidad migrante a las finanzas del país o la fuerza política en que se han convertido y que identifican plenamente demócratas y republicanos.

María Esther Barber, presidenta de la Asociación Cívica Mexicana de Indiana, subraya que puede haber temor en muchos migrantes al no tener claro si califican para este proceso de legalización, por lo que sugiere que antes de someter cualquier documento a las autoridades, y correr el riesgo de ser deportado, acudan a organizaciones que tengan abogados pro bono, que los asesoren inclusive para llenar los formatos.