nmediatamente después de declarar luto nacional durante su comida con la Confederación Patronal de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto honró a los muertos de la explosión en Pemex vacacionando en un hotel de lujo en las playas de Nayarit. Mientras, el titular del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN), Claudio X. González, aprovechó el fin de semana largo para lanzarse en contra de la eliminación de los privilegios fiscales incluida en el Pacto por México.

El río regresa a su cauce. Las vacaciones de Peña Nieto y la postura del CMHN son dos caras de la misma moneda. Tanto el luto nacional como la unidad nacional terminan como meras cortinas de humo para encubrir el mismo cinismo e intereses de siempre. Se agota la estrategia de gobernar por medio de espec­táculos mediáticos y la indignación ciudadana aumenta.

No es suficiente que las investigaciones de la explosión en Pemex se conduzcan con transparencia. Hay que dar el salto de la información a la rendición de cuentas y de la transparencia al castigo de los responsables. Por ejemplo, independientemente de si se trató de una bomba o un mero accidente, el titular de Pemex, Emilio Lozoya Austin, está obligado a presentar su renuncia al cargo de manera inmediata por su total negligencia para garantizar la seguridad de las instalaciones centrales de la empresa petrolera.

La rendición de cuentas se pervierte cuando se reduce a la mera exhibición de datos. México es un destacado ejemplo a escala mundial de las consecuencias de este tipo de impunidad transparente. A pesar de los avances en materia de acceso a la información pública, el país se mantiene como uno de los más corruptos del mundo. En 2012, México recibió de Transparencia Internacional una calificación de 34 (de 100) en materia de corrupción, colocándolo en una posición inferior en la tabla mundial en relación con países como Malí, Bolivia, Senegal, China y Cuba.

Una de las principales razones del fracaso de la transición a la democracia y el combate a la corrupción en México es precisamente la impunidad de los poderosos. Nadie paga los platos rotos. Felipe Calderón goza de su decorosa jubilación a cargo del erario federal bajo la protección de la Universidad Harvard. Ernesto Zedillo también pasea con toda tranquilidad por las aulas de la Universidad Yale.

El viernes pasado, un amplio grupo de familiares de las víctimas le gritaron a todo pulmón asesino a Peña Nieto mientras salía en una camioneta blindada de su visita relámpago al Hospital Regional de Pemex en Azcapotzalco. Él es el culpable de que murieran esas personas y de que mi papá esté lesionado. Seguramente lo que quiere es privatizar Pemex y éste es un ejemplo que nos está lesionando como trabajadores, declaró uno de los manifestantes a la prensa nacional.

Al momento de redactar las presentes líneas todavía no conocemos las verdaderas causas del siniestro en Pemex, pero lo expresado por este familiar de uno de los heridos es muy lógico. Si lo que ocurrió el jueves fue un accidente, entonces existe una deplorable e imperdonable falta de vigilancia, mantenimiento y cuidado de las instalaciones de la paraestatal por las autoridades federales. Como titular del Poder Ejecutivo y de la administración pública federal, Peña Nieto es el responsable directo, al lado de Lozoya y Pedro Joaquín Coldwell, de la seguridad de quienes trabajan en la empresa. Así como Juan Molinar Horcasitas tendría que haber sido enjuiciado por el caso de los niños quemados en la Guardería ABC, los más altos funcionarios públicos también tienen que dar la cara por el caso de Pemex.

Ahora bien, si la explosión fue intencional, también es imperativo llevar las investigaciones hasta sus últimas consecuencias. En ese caso, resulta casi imposible imaginar que un grupo de izquierda sea el responsable del acontecimiento. Estos grupos buscan defender el petróleo y la paraestatal, no destruirlos. No tendría lógica alguna bombardear las instalaciones de una empresa con el fin de evitar su privatización. Al contrario, los que se benefician con la impresión de vulnerabilidad y descuido en la empresa son precisamente los que se frotan las manos con la posibilidad de regalar la paraestatal a sus amigos y a las empresas trasnacionales.

Lo más probable es que nunca contaremos con la información completa sobre este terrible acontecimiento y mucho menos sabremos quiénes son los verdaderos responsables. Tal como ocurrió en los casos de Luis Donaldo Colosio, Juan Camilo Mouriño, Francisco Blake Mora, Diego Fernández de Cevallos, Monex y Fobaproa, la opacidad y la impunidad una vez más serán la regla.

La única esperanza, entonces, es que la ciudadanía responda hoy de una manera similar a como actuó frente a la irresponsable y criminal respuesta del presidente Miguel de la Madrid Hurtado al terremoto de 1985. Hace tres décadas, un renovado espíritu de solidaridad cívica y participación ciudadana surgieron de los escombros de la ciudad para empujar la democratización del país. Hoy de nuevo tendrían que ser los ciudadanos quienes llenen el vacío de poder para imponer un verdadero régimen de rendición de cuentas, así como evitar el saqueo del patrimonio nacional. Ello sería la mejor forma de honrar el espíritu revolucionario de nuestra Constitución que mañana cumple 96 años.

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