A la par de que el tercer Consejo Universitario (CU) legalmente constituido el pasado 29 de noviembre inició el proceso de revocación de mandato contra la rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), Esther Orozco Orozco, los consejeros afines a la funcionaria anunciaron la creación de una comisión de honor y justicia, que deberá atender las faltas a las normas de convivencia que pretende imponer la administración de esa casa estudios.

Para el movimiento en defensa de la legalidad en la UACM las denominadas Disposiciones generales obligatorias para estudiantes, académicos y trabajadores administrativos, técnicos y manuales criminalizan la movilización estudiantil y buscan perseguir y castigar a los opositores a la gestión de Orozco.

Las agrupaciones que integran dicho movimiento (Consejo Estudiantil de Lucha, Foro Académico y Trabajadores en Lucha) calificaron de ilegal la creación de la citada comisión, ya que no fue aprobada por el tercer CU ni el punto fue discutido con la comunidad universitaria.

En tanto, Orozco no ha dado respuesta al proceso revocatorio iniciado en su contra, a pesar de que fue notificada mediante edictos colocados en todas las instalaciones de la universidad, así como en un desplegado en los medios impresos, ante la negativa de la rectora a ser informada de manera directa.

El martes vence el plazo para que Orozco presente pruebas en su favor y empezará el periodo de dictaminación, para determinar si es responsable de desacatar las disposiciones del CU, ejercer el presupuesto 2012 sin la autorización del máximo órgano de la universidad, violar derechos humanos y de nepotismo.

En tanto, el movimiento en defensa de la legalidad en la UACM denunció el acoso de la rectoría a los consejos de los planteles Centro Histórico, Cuautepec, Del Valle y San Lorenzo Tezonco, a los que pretende desconocer debido a que la mayoría de sus integrantes no comulgan con la gestión de Esther Orozco, aseguraron.

Respecto de la comisión de honor y justicia creado por los consejeros afines a la rectora, el movimiento cuestionó que se pretenda tomar acciones como la expulsión de estudiantes, profesores y administrativos que tomen o intervengan, sin autorización, las oficinas, planteles o sedes administrativas.

Aunado a esto, agregó, se buscar juzgar a docentes críticos a partir de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, norma no aplicable a profesores de universidad pública alguna de esta ciudad.