La realización de juicios populares en comunidades de la Costa Chica de Guerrero forma parte de un proceso de recuperación de los sistemas normativos tradicionales de los pueblos indígenas ante el fracaso y la corrupción del modelo jurídico occidental, señalaron activistas de organizaciones de la sociedad civil.

Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, afirmó que en un primer momento la reacción espontánea de las comunidades afectadas por el crimen organizado fue crear guardias armadas que cubrieran el vacío dejado por las autoridades.

Pero los pueblos ya trascendieron ese punto y ahora están involucrados en un proceso de reflexión profunda sobre la forma de construir un sistema de justicia basado en normas tradicionales.

Dijo que los indígenas rescatan sus sistemas ancestrales de justicia, que tiene un marco legal claro, tanto en el artículo segundo constitucional, como en la ley 701 de Guerrero y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Buena parte del sistema de justicia tradicional, explicó Rosales, descansa en el concepto de la reducación, es decir, el trabajo que los sentenciados deben realizar de forma itinerante en varias comunidades, hasta que los representantes de los pueblos consideren que el daño ha sido reparado y el agresor ya entendió las consecuencias de sus actos.

Manuel Olivares, coordinador de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, coincidió en que los grupos de autodefensa y los juicios populares significan la respuesta de los ciudadanos ante la forma en que el Estado mexicano ha sido rebasado por la delincuencia.

Los juicios populares tienen toda la legitimidad para aplicarse, porque demuestran que la gente ya no confía en los ministerios públicos para frenar delitos como la extorsión y el pago de derecho de piso, agregó.