i rastro de fuego, nada que reviviera las dantescas escenas de San Juanico. Pero el siniestro de Pemex sacudió al país entero y nada ni nadie escapa al miedo, al horror de un edificio que se desploma y del cual hubo de rescatar más de cien heridos y los cadáveres de 33 seres humanos, trabajadores, visitantes y una pequeña que llegó al sitio donde laboraba su padre, donde sólo iba a hacer la tarea. ¿Dónde mejor protegida que al lado del padre? Sin flamazos espectaculares, sin explosiones aterradoras, llegó la tragedia.

El petróleo es negocio de riesgo, de alto riesgo. Pero los 24 mil 700 metros cuadrados de las oficinas del edificio B-2 albergan oficinas administrativas en las que trabajan cerca de mil 700 personas. Ahí no puede descontrolarse un pozo, como sucedió con el Ixtoc; no hay ductos de gas que pudieran estallar por incuria o por haber sido perforados por los que se han enriquecido robando gasolina, gas y hasta petróleo crudo de Pemex. Se desplomaron tres pisos. Se elevó una blanquecina nube de polvo, visible a kilómetros de distancia. No una humareda. No la masa infernal que se desplazó con la caída de las Torres Gemelas en Manhattan. Ni olor a gas. Hierros retorcidos y toneladas de concreto reducidas a cascajo.

Indicios de fuego no hay; en ningún lado hemos encontrado un solo indicio de fuego, ni en pacientes ni en fallecidos, ni en las ropas de las víctimas; ahorita que vean, que les den un recorrido, verán papeles enteritos, cosas de plástico que se queman fácil, que no les pasó absolutamente nada y van a verlos junto a partes que están derrumbadas, dijo el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam. En conferencia de prensa, al día siguiente del siniestro, cumpliendo cabalmente con el protocolo establecido, con un vocero único, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para evitar contradicciones que sembraran o añadieran confusión en las horas siniestras de las especulaciones y la vieja desconfianza en el gobierno; el que fuera, antes o después de la alternancia, del cambio de inquilino en Los Pinos.

Eso, al menos, habrá que reconocer al titular del Ejecutivo y sus colaboradores directos. La presencia en el lugar, la atención inmediata y el contacto posible con las víctimas, con los heridos, con los trabajadores de Pemex. Y al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, autoridad directa, inmediata en el territorio que alberga el conjunto de la Torre de Pemex, donde 10 mil individuos trajinan diariamente. No es mucho. Pero la presencia visible tiene valor simbólico y es respuesta obligada al desdén popular sembrado entre la ruinas del terremoto de 1985. Pareciera excesiva la inmediata presencia de los secretarios de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, del procurador general de la República y del subsecretario en espera de hacerse cargo oficialmente de la seguridad. Se diría que alimentaban la especulación.

No lo creo. Para eso, nada como el vacío de poder. Nada como la ausencia de autoridad. Hubo tropiezos. Pero se impuso la indispensable semblanza de orden. Los medios de comunicación, los reporteros que cumplían su deber, toparon con una valla insalvable: una sola voz informará de los hechos, la del secretario Osorio Chong. Inevitable que en las redes sociales y en los medios electrónicos surgieran versiones de varia invención. Y que se difundieran opiniones. A fin de cuentas, hay libertad de opinión, pero los hechos son irrefutables, incontestables. Y tratándose de los veneros de petróleo que nos escrituró el diablo, las especulaciones nunca son desinteresadas opiniones, ni siquiera buenas intenciones de las que está empedrado el camino del infierno. Son fruto de las ambiciones que ponen en riesgo la riqueza formidable, propiedad de la nación.

Hay que reconocer los motivos de los suspicaces que anuncian las aviesas pretensiones del gobierno, la tozuda intención de privatizar Pemex. No vamos a privatizar, ha repetido una y mil veces Luis Videgaray. No le creen. Nadie ha utilizado el término privatizar, dice la voz presidencial. Ah, pero van a abrir la puerta con las inversiones de capital privado o las asociaciones con empresas privadas. El enredo es formidable. En la misma mesa, los fieles de la derecha extrema y los cabales de la soberanía nacional, de la propiedad del subsuelo, del petróleo nacionalizado, dicen y se desdicen a sí mismos: Lula privatizó Petrobras. Tras el siniestro, los preparativos de la iniciativa de reforma energética. No estaría de más que empezaran por definir privatización y leer lo que permiten y prohíben las normas constitucionales.

No hubo fuego. Pero ardió la imaginación de los creyentes en la conjuración como deus ex machina; la desconfianza de los agraviados por la desigualdad y justificablemente alterados por la impunidad imperante; los del caos anarquizante, legado del infantilismo democrático y la reafirmación del poder del dinero, de la oligarquía para la cual la mayoría es una plebe a la que se debe gobernar con mano de hierro. No importa que se repita la falsa idea de la democracia como fin y no como medio, desprecian a la política y a los políticos; ven al gobierno como instrumento mediante el cual la minoría privilegiada disponga el acceso de los menos a la porción de riqueza que ellos decidan en nombre del bien común. El siniestro de Pemex cobró vidas y pone a prueba la voluntad política, la vocación del acuerdo plural como vía abierta al sistema plural de partidos.

Enrique Peña Nieto decidió hacerse presente y atender la emergencia, el rescate de los heridos y de quienes perdieron la vida. Pero el tiempo alienta las suspicacias, a los sembradores de dudas. El viernes primero de febrero Jesús Murillo Karam habló en conferencia de prensa: el gobierno federal no descarta, por ahora, ninguna hipótesis. Ya investigan peritos de la Secretaría de la Defensa, de Marina, de la PGR, de protección civil y de dos empresas internacionales especializadas en criminalística, explosivos, química y estructuras, entre otras. ¿Qué pasó?, vamos a determinarlo, vamos a encontrar la verdad, si fue un accidente, una imprudencia o un atentado, lo que sea. Habló con claridad, sin muletillas de leguleyo.

No duró cien días la marcha triunfal de Enrique Peña Nieto. Pero supo enfrentar la primera crisis, la puesta a prueba de su capacidad de respuesta; y la voluntad de mantenerse firme en la política de acuerdos que hizo posible el Pacto por México y la visión de un gobierno que actúa con eficacia, acorde con la pluralidad que impera. La que fuera culpada de la descomposición del poder constituido que llevó a que se hablara del Estado fallido mexicano. Y ahí están los signos de podredumbre entre las ruinas de las instituciones.

En Ayutla de los libres y otras comunidades de Guerrero los pobladores tomaron las armas, integraron policías comunitarias, detuvieron a presuntos delincuentes y ya se instaló el primer tribunal que juzgará a 54 acusados. Respuesta a la ausencia del estado, al abandono de sus bienes y familias a la sevicia criminal. Ausencia que persiste. El gobernador Ángel Aguirre habla ahora de usos y costumbres. Los de la policía comunitaria y los tribunales populares violentan la ley. El gobernador Aguirre viola la Constitución.

En un solo año del vacío panista hubo más de cien linchamientos. Nadie compareció ante un juez. Ahora dictarán sentencia los tribunales populares en Guerrero. No han desaparecido los poderes. Pero nadie ejerce el Poder Ejecutivo.