Alrededor de 48 personas de las comunidades Llano de León y Mini Numa, en el municipio guerrerense de Metlatónoc, han sido víctimas de desplazamiento forzoso debido a la construcción de una autopista que va de Metlatónoc a Tlacoachistlahuaca, inaugurada el 19 de noviembre de 2012 por el entonces presidente Felipe Calderón, denunció el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Las obras se iniciaron en 2009 y han destruido plantíos y veredas, además de provocar derrumbes en las casas, por lo que nueve familias afectadas interpusieron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero, la cual a su vez la turnó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), sin que hasta la fecha se le haya dado ayuda a las víctimas.

“La comunidad de Llano de León está integrada por indígenas na’savi, a quienes en ningún momento se les pidió autorización para hacer la carretera, que va a unir la zona de la Montaña con la de la Costa Chica, ni se les dio ninguna explicación al respecto”, explicó Isidoro Vicario Aguilar, abogado de la citada ONG.

Las obras para construir la autopista –que todavía no está en funcionamiento, aunque ya fue inaugurada en noviembre de 2012 por el entonces presidente Felipe Calderón– pasaron en medio del pueblo afectado, arrasaron sembradíos de café, frijol y calabaza y provocaron derrumbes en 14 viviendas, por lo que unas 48 personas tuvieron que huir a la cabecera municipal de Metlatónoc u otras localidades cercanas.

Los afectados exigen que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y los gobiernos estatal y municipal respondan por las violaciones sufridas en sus derechos a la vivienda y a la consulta, pero hasta ahora no ha habido respuesta, lamentó el activista.

La gente tiene relación muy fuerte de pertenencia con la tierra, pero desde inicios de 2010 permanecen como desplazados, rentan terrenos para poder seguir con la siembra de sus productos, pero muchos también han emigrado a los campos del norte del país para emplearse como jornaleros. No piden obras ni beneficios, sino que las autoridades resarzan los daños irreparables que sufrieron, enfatizó el litigante.

Se deben pagar indemnizaciones, pero algunas autoridades dicen que no hubo daños, aunque lo desmentimos con una inspección ocular que hizo un visitador de la CNDH, indicó Vicario.