Mazatlán, Sin., 2 de febrero. El juez tercero de distrito, con sede en esta ciudad, dictó auto de formal libertad a 16 personas que enfrentaban proceso por delitos derivados de una manifestación efectuada en abril de 2012, informó Alma Barraza Gómez, abogada del grupo de desplazados por la presa Picachos, que se construyó en los límites de Mazatlán y Concordia.

Ese día, la Policía Ministerial detuvo a 131 personas que marchaban por la carretera de cuota Mazatlán-Culiacán.

Luego de permanecer 72 horas en prisión, la mayoría fue liberada sin cargos y sólo fueron consignadas 19 por los delitos de obstrucción de vías de comunicación y pandillerimo; días después a éstos se les otorgó el beneficio de enfrentar proceso en libertad y ahora a 16 se les otorgó la libertad definitiva.

Sin embargo, al dirigente Octavio Atilano Román Tirado y los comuneros Hortensia Gutiérrez Ramos y Óscar René Osuna Díaz continuarán enfrentando sus causas penales contenidas en las averiguaciones 36/2012, 131/ 2012 y 107/2012 y la 64/2012 Culiacán 64.

Román Tirado dijo que aun cuando él no haya obtenido el beneficio de la libertad definitiva, la lucha de los pueblos desplazados continuará debido a que el gobierno estatal aún no ha finiquitado las indemnizaciones a las familias desplazadas y ha incumplido sus promesas de tener servicios en las comunidades.

Comuneros sinaloenses desplazados por la construcción de la presa Picachos, marcharon en abril del año pasado del municipio de Mazatlán al Palacio Legislativo de Culiacán, para exigir el pago de indemnizaciones por la expropiación de sus terrenosFoto Notimex

La abogada Barraza Gómez, dijo que ella misma enfrenta una acción ilegal del juez séptimo, quien la retiró del caso.

Manifestó que a sus clientes no sólo se les violaron sus garantías constitucionales de manifestación por agentes de la policía estatal –encabezados por Jesús Aguilar Iñiguez–, sino que con engaños se les privó de su libertad.

Les dijeron que se subieran a las patrullas, que el gobernador los iba a atender en audiencia pública en La Cruz, municipio de Elota. Después los llevaron a los patios de la academia de la Policía Ministerial, recordó la abogada.

Manifestó que en su momen- to interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la República contra quienes resulten responsables de las detenciones ar-bitrarias en contra de los comuneros y que se castigue a los responsables.