El libre acceso a Internet y a la información que circula en la red es un instrumento para la democratización de la sociedad y garante de derechos humanos, señalaron especialistas reunidos en la Universidad Iberoamericana, quienes discutieron sobre la iniciativa de Internet libre promovida por 70 organizaciones de la sociedad civil.

El activista y empresario Óscar Mondragón señaló que la democratización del país ha estado detenida en gran medida por el control que muy poca gente tiene sobre los medios de comunicación. Hay un malestar como sociedad y como democracia respecto de la incapacidad que tenemos para informarnos.

Agregó que las versiones de los noticiarios de los grandes consorcios televisivos difieren por completo de lo que se lee en redes sociales.

En nuestro siglo, aseguró, el derecho de asamblea está garantizado por Internet. Twitter es nuestra nueva plaza pública, mientras el derecho de expresión también lo habilita Internet, a través de blogs y otros medios.

De abrirse el acceso a Internet, dijo, el bono demográfico puede convertirse en un bono democrático. Cuando las personas que ahora tienen 10 o 12 años de edad y cumplan 18 y hayan sido usuarios de Internet durante seis u ocho años gracias a que esta generación consiguió que el Estado proveyera este servicio, habremos dado un gigantesco paso hacia adelante.

Entre 1994 y 1998 250 pequeñas y medianas empresas trajimos Internet al país y lo hicimos funcionar, mientras las empresas que han acaparado el sector no ofrecen variedad de precios ni buenos servicios.

Entre los participantes se encontraban los impulsores de dicha iniciativa, quienes recordaron que la idea es utilizar los 23 mil kilómetros de la red pública de la Comisión Federal de Electricidad, entre otras, para llegar a los 110 mil kilómetros que se requieren para garantizar el servicio en el territorio nacional.

León Felipe Sánchez, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, sugirió que los recursos para echar a andar el proyecto podrían salir del impuesto especial a productos y servicios en el sector de telecomunicaciones, de 3 por ciento, pues si nos lo están cobrando, a pesar de que nos opusimos en su momento pueden etiquetar los recursos que se generan con la recaudación de ese impuesto para invertirlos en esta infraestructura en beneficio de la población, pues Internet potencia el ejercicio de derechos fundamentales y el comercio mismo”.

Salomón Padilla, abogado especializado en tecnologías de la información, dijo que la iniciativa debe contener un capítulo de educación y otro de equipamiento, pues no basta con el libre acceso a internet si la población carece de equipos de acceso o de la instrucción necesaria.