Madrid, 30 de enero. El yerno del rey Juan Carlos de Borbón, Iñaki Urdangarin, tendrá que pagar una fianza civil de 8 millones 100 mil euros como medida cautelar para evitar la prisión provisional. El esposo de la Infanta Cristina, la segunda hija de los monarcas, está implicado en una amplia red de corrupción política y empresarial, en la que se calcula podría haber defraudado al erario más de 15 millones de euros.

El juez instructor del caso Nóos, José Castro, decretó la fianza millonaria a los dos principales acusados de la trama, Urdangarin y su socio y ex amigo, Diego Torres, y, en segundo lugar, la imputación penal del secretario personal de las infantas, Carlos García Revenga, también acusado de enriquecimiento ilícito.

En el auto, Castro analizó las actividades desarrolladas desde 2002 hasta 2010 por la principal empresa vinculada al caso, el Instituto Nóos, que según el juez funcionaba como un paraguas de bondad y de ayuda al prójimo para desviar fondos públicos. Urdangarin y su socio lograron contratos millonarios con el argumento de que llevaban a cabo programas de ayuda en países en desarrollo, en rubros como la desnutrición infantil, cuando en realidad estos programas ni existían ni estaba previsto ponerlos en marcha.

Castro destacó en su auto que las dos administraciones que más beneficiaron a Urdangarin y su trama fueron los gobiernos autonómicos y municipales de Madrid, Valencia y Palma de Mallorca, los tres gobernados por el conservador Partido Popular (PP). El magistrado reconoce que estos gobiernos vulneraron el procedimiento administrativo para otorgar el dinero al yerno del rey y dispensarle así un trato de favor. El juez añadió que el método habitual de la operación era vestir el santo con expedientes administrativos nulos de pleno derecho para adjudicar el dinero público a Urdangarin tras acordar verbalmente los contratos con él.

El magistrado fijó la fianza millonaria –la primera que tiene que afrontar en la historia del país un miembro de la casa real– y que deberá cubrirse en un plazo máximo de cinco días pues de lo contrario se procederá al embargo de bienes hasta cubrir la cantidad fijada.

Según los datos del caso, el miembro de la Casa Real española habría desviado el dinero robado al erario a paraísos fiscales como Belice y una colonia del Reino Unido, por lo que cabría la posibilidad de que se le acuse del delito de evasión de capitales.

Urdangarin, que tiene el título nobiliario de duque de Palma por su matrimonio con la infanta Cristina, firmaba algunos de los correos electrónicos aportados como pruebas al sumario como el duque en...Palma...do, lo que en lenguaje coloquial se traduciría como el duque con una erección o caliente. Este dato, sumado al escándalo de la trama, hizo que la casa real lo borrara definitivamente de la página oficial de la familia real y que le hicieran el feo en las recepciones públicas. De hecho, la última vez que Urdangarin coincidió con el príncipe Felipe fue el pasado domingo, en Barcelona, en la final del Mundial de Balonmano, en donde ni siquiera se saludaron.