Ayer parte de la comunidad cinematográfica solicitó al Gobierno del Distrito Federal recursos de entre 30 y 130 millones de pesos para el Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano (Procine), para el presupuesto de 2013, con el propósito de que cumpla lo estipulado en la Ley de Fomento al Cine Mexicano en el Distrito Federal, emitida en 2009.

En la presentación del documento estuvieron, en estricto orden, Víctor Ugalde, presidente de la Sociedad Mexicana de Directores-Realizadores de Obras Audiovisuales; León Sermet, director de El efecto tequila; Marcela Fernández Violante, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de la República Mexicana; la cineasta Leyla Méndez; Guadalupe Ochoa, en representación de la Red de Documentalistas; el productor Terry Fernández; Carlos Acosta, promotor de industrias culturales, y Sergio Olhovich, presidente del consejo de administración de la Federación Mexicana de Sociedades Cooperativas de Cine y Medios Audiovisuales.

Recuento

Leyla Méndez explicó: “En febrero de 2008 se aprobaron en la ciudad de México dos leyes muy importantes para el sector audiovisual: de Filmaciones del Distrito Federal y la de Fomento Promoción y Desarrollo al Cine Mexicano. Esta última abre la puerta para que haya un apoyo a las producciones que se hacen en México; mientras la primera estipula que 50 por ciento de lo captado entre avisos y permisos se tiene que vincular al Procine, es decir, el organismo que dio sustentabilidad al cine mexicano.

Sin embargo, en diciembre del año pasado nos dimos cuenta de que en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal no se contaba con los recursos suficientes en el etiquetamiento que por ley debían estar considerados en la Ley de Fomento Promoción y Desarrollo al Cine Mexicano, por lo que comenzamos una serie de gestiones fundamentales para que etiquetaran esos recursos.

Guadalupe Ochoa expuso: “Después de varios años de consenso entre la comunidad cinematográfica y la antepasada legislatura del Distrtito Federal, logramos una ley de vanguardia que tenía muchos beneficios, como que los impuestos captados por rodar en la ciudad se volcaran a puntos fundamentales para fomentar la exhibición de cine, crear un circuito alterno de salas cinematográficas y apoyo a nuevos talentos. Sin embargo, hace dos meses la Gaceta Parlamentaria publicó dos leyes que en sustancia no sólo frenaban el crecimiento del cine mexicano, sino que trataban de modificar la leyes de Filmaciones del Distrito Federal y de Fomento, Promoción y Desarrollo al Cine Mexicano. Además de que impedían el surgimiento de Procine, proponían que los recursos se repartieran en cada una de las delegaciones, cuando una de las cosas por las que luchamos para que se incluyeran en la Ley de Filmaciones era que el dinero del cine era para el cine...

Acudimos a la Asamblea de Representantes con dos peticiones: que hubiera por primera vez, después de cuatro años, dinero para crear Procine, que se etiquetaran esos recursos y se pararan esas modificaciones a la ley de cine. Hablamos con alrededor de 15 diputados, los que prometieron destinar de 30 a 100 millones de pesos al fomento, promoción y desarrollo del cine nacional.

Ochoa extendió: “El primero de enero de 2013 apareció en el portal de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que se aprobaban 30.1 millones de pesos para Procine. Sin embargo, al revisar la Ley de Presupuesto del Distrito Federal nos dimos cuenta de que no existía el etiquetamiento de los 30.1 millones de pesos, sino únicamente los 3 millones de pesos a los que se había comprometido la Secretaría de Cultura del Distrito Federal.

Desaparecieron ese dinero; nuestro reclamo es que deseamos saber dónde quedó el anuncio de los recursos que hizo la ALDF para la creación de Procine... además esos 3 millones de pesos eran para crear servicios de emergencia y accesos para discapacitados a los espacios públicos. Somos solidarios con esas personas, pero el dinero generado por la Comisión de Filmaciones estaba dispuesto para el desarrollo y promoción del cine mexicano.

Marcela Fernández Violante mencionó: Nos permitimos recordar que el actual jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, se comprometió públicamente a cumplir la Ley de Fomento al Cine Mexicano; es urgente y necesario refaccionarla económicamente, tal como lo indica el ordenamiento citado. A lo anterior hay que agregar que también es urgente y necesario realizar el depósito de 10.5 millones de pesos producto de 50 por ciento de lo que ha recaudado la Comisión de Filmaciones y que por ley le corresponde al Procine.

Agregó: Sabemos de las necesidades que tiene en conjunto la ciudad y creemos necesaria la reforma constitucional para que sea considerada nuestra entidad con recursos federales suficientes; no obstante, consideramos urgente y necesario que Procine empiece a funcionar en cumplimiento a la ley emitida en el 2008, ley que si se cumple tiene un impacto social positivo, produce nuevas visiones de percepción de la realidad y establece nuevas relaciones entre los habitantes, además de coadyuvar a la formación cultural de los niños y jóvenes.

El cinerrealizador León Sermet dijo: Esperamos que la disposición del jefe de Gobierno para escuchar al sector cinematográfico se dé a partir de la agenda de trabajo antes planteada, con propuestas viables y sustentables que den crédito a la esencia de su administración y que aparezcan los millones etiquetados que desaparecieron de un día para otro.

Víctor Ugalde apuntó: El jefe de Gobierno se comprometió a hacer cumplir la ley de fomento al cine; desgraciadamente no se ve una congruencia entre el presupuesto que se prometió y el que se otorgó al sector cultural, muy limitado y afecta a todas las artes. Por otro lado, sí nos atendió la legislatura, pero mal, pues hizo unas cosas y de último momento aparecieron otras.

Anunció: Pediremos una entrevista con la Secretaría de Cultura para hacer cumplir la Ley de Promoción al Cine del Distrito Federal, que incluye muchos detalles, como el apartado para cumplir el derecho para que los habitantes de esta ciudad puedan ver cine a precios populares; una de la obligaciones que generaría, además de los beneficios culturales, sería una cadena de impacto económico en beneficio de toda la ciudad.