a organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) calificó ayer de paso crucial hacia la justicia, la verdad y la reparación el proceso judicial iniciado un día antes en Guatemala contra el ex presidente de ese país Efraín Ríos Montt, quien llegó al poder en marzo de 1982 por un golpe de Estado y fue derrocado por la misma vía 18 meses después. Ríos Montt es señalado como responsable intelectual de los delitos de lesa humanidad y genocidio cometidos durante su gobierno por las fuerzas armadas y grupos paramilitares.

Más allá de la necesidad de esclarecer y sancionar crímenes del pasado de Guatemala que siguen proyectando una sombra sobre el presente, como indica AI en su comunicado, el juicio contra Ríos Montt adquiere relevancia internacional e histórica en la medida en que implica sentar en el banquillo de los acusados a un representante paradigmático –junto con el chileno Augusto Pinochet y el argentino Jorge Rafael Videla– de la generación de militares golpistas que, en Centro y Sudamérica, accedieron al poder por la vía de los cuartelazos, barrieron con derechos básicos, asesinaron a cientos de miles de personas, impusieron el terror a las poblaciones e instauraron en buena parte de la región, una era de abierta barbarie.

Durante el año y medio que permaneció en el poder, el militar guatemalteco se encargó de introducir en el continente la aplicación de las tácticas más descarnadas de contrainsurgencia rural; ordenó el asesinato de decenas de miles de guatemaltecos, la mayoría indígenas ixiles –por más que en el expediente judicial en su contra sólo se hayan documentado mil 700 muertes–; provocó el desplazamiento de cientos de miles más, y fue el responsable principal de la virtual desaparición del mapa de 448 aldeas indígenas que simpatizaban con las organizaciones guerrilleras de la época.

Tras ser depuesto y reinstaurarse un orden democrático formal en la nación vecina, Ríos Montt formó la agrupación política Frente Republicano Guatemalteco (FRG), a la que pretendió usar infructuosamente como trampolín para ocupar de nueva cuenta la jefatura de Estado, y desde la cual accedió varias veces a cargos en el Congreso guatemalteco y continuó ejerciendo un poder perverso en la vida política de ese país.

Con tales antecedentes, el proceso penal contra Ríos Montt abre la posibilidad de poner fin, así sea en forma simbólica y acotada, a la impunidad de que, salvo en el caso de Argentina, han gozado los sátrapas latinoamericanos bajo los gobiernos civiles y las democracias formales que sucedieron a las dictaduras.

Más allá de ese ejercicio de justicia histórica, el juicio contra Ríos Montt tiene implicaciones directas en el entorno político contemporáneo de su país, en la medida en que pone al descubierto a los autores materiales de las atrocidades diseñadas por el militar en retiro, entre los que se encuentra el actual presidente guatemalteco Otto Pérez Molina, cuya participación en las masacres de civiles en comunidades campesinas está ampliamente documentada e incluso ha sido exhibida en documentos filmográficos.

Dicha circunstancia coloca a la institucionalidad guatemalteca en una disyuntiva por demás problemática: o decide ejercer acción penal en contra de todas las piezas que integraron la maquinaria de barbarie durante el régimen de Ríos Montt –aunque entre éstas figure el actual jefe de Estado–, o decide preservar la impunidad y socava, con ello, el espíritu de justicia y esclarecimiento que subyace a la causa penal contra el ex mandatario ahora bajo proceso.

El caso comentado adquiere también resonancia en nuestro país, en la medida en que sienta un precedente judicial para investigar y sancionar, como delitos de lesa humanidad, episodios de masacres de campesinos perpetradas por fuerzas militares, paramilitares y policiales como los que ocurrieron en México durante el gobierno de Ernesto Zedillo –Aguas Blancas, Acteal, El Charco, La Libertad, San Juan del Bosque y otros– cuyos autores intelectuales y materiales aún gozan de impunidad.