Casos como Monex, Pemexgate y Amigos de Fox, en los que se determinó la existencia de financiamientos paralelos a las campañas presidenciales, deben abrir la discusión en el Poder Legislativo sobre una reforma constitucional que permita separar del cargo a un gobernante cuando se demuestre que incurrió en un ilícito electoral grave, como el sobrepase del tope de gastos de campaña, sostuvo el magistrado del Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF) Armando Maitret Hérnández.

Advirtió que las multas históricas que la autoridad electoral aplicó en estos dos últimos casos a los partidos políticos, si bien pueden ser factor para inhibir dichas prácticas, vemos que a final de cuentas están de regreso y lo que se requiere, apuntó, es encontrar un modelo que permita que de verdad las elecciones sean equitativas y las sanciones ejemplares.

Maitret resaltó en entrevista que solamente en el Distrito Federal la legislación electoral estipula el sobrepase de los gastos de campaña como causal de nulidad de la elección; sin embargo, en los tres casos en los que el órgano jurisdicional local resolvió invalidar elecciones delegacionales aplicando dicha disposición, en 2003 en la delegación Miguel Hidalgo y en 2009 en esta misma demarcación y en Cuajimalpa, en los tribunales federales se revocaron estas sentencias.

Consideró que el mayor problema que enfrenta la autoridad electoral, particularmente sus órganos de fiscalización, es que en un plazo tan breve le es imposible realizar una investigación exahustiva de todos los recursos gastados en campaña. En principio los hacen con lo que les reporta el partido político en sus respectivos informes y una fiscalización apresurada no da resultados concluyentes.

Si posteriormente a que se toma posesión de los cargos se determina que hubo rebase, podrá aplicarse una multa contra el partido, pero no se cumple el efecto que la norma busca cumplir, que es la equidad de la contienda.

Esto, apuntó, lo debe revisar la autoridad legislativa, como sucede en algunos países, si se demuestran estos ilícitos, que son tan graves porque vulneran la equidad de la contienda, que se prevea un modelo que separe de los cargos a los gobernantes.

En el ámbito local, el magistrado del TEDF consideró que los temas a revisar en una eventual reforma electoral son adecuar el Estatuto de Gobierno y el Código Electoral a la reforma constitucional para suprimir la llamada cláusula de gobernabilidad; la aplicación de la cuota de género en candidaturas unipersonales, particularmente el caso de las delegaciones políticas y la disposición que no considerar los votos válidos, en los casos de candidaturas comunes, para efectos de la representación proporcional (cuando el ciudadano marca más de uno de los partidos que registraron a un mismo candidato), temas que generaron mayor controversia en la pasada elección.