Será el 15 de julio cuando la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (CMHALDF) haga públicos los resultados de las 120 auditorías que realiza a la administración de Marcelo Ebrard Casaubon, informó su titular, David Vega Vera.

El monto de lo auditado asciende a cerca de 70 mil millones de pesos y comprende una revisión integral a todas las áreas neurálgicas de la administración en materia de desempeño, obra pública y financiera en sus diversos rubros, explicó el responsable del órgano fiscalizador en la presentación del proyecto para la creación del sistema normativo de rendición de cuentas y combate a la corrupción.

El diputado Eduardo Santillán, presidente de la Comisión de Vigilancia de la CMHALDF, precisó que más que nuevas leyes el plan consiste en revisar unos 15 ordenamientos en coordinación con el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), el Instituto de Verificación Administrativa (Invea), la Contraloría General, la Procuraduría Fiscal y la Consejería Jurídica del gobierno central, para elaborar un paquete de reformas que aumente los niveles de transparencia en el gasto e incremente la eficiencia en los procedimientos administrativos contra funcionarios y la recuperación de recursos cuando se ocasione daño patrimonial a la ciudad.

En el proyecto se incluirá el mecanismo por el que cada uno de los 66 legisladores etiquetó en la elaboración del presupuesto de este año 20 millones de pesos a programas en delegaciones y dependencias del gobierno central, sin contar en varios casos con los lineamientos y reglas de operación requeridos.

Estaremos haciendo la observación de elaborar reglas básicas para etiquetar en futuros presupuestos, de tal manera que se pueda abrir un periodo previo para el registro de proyectos o acciones que los diputados propongan realizar, apuntó.

Con este proyecto, abundó, se hará una revisión de todas las áreas de riesgo como procesos de compras y adquisición, rendición de cuentas, usos de suelo, manifestación de obras, establecimientos mercantiles, espectáculos públicos, ventanillas únicas de las jefaturas delegacionales, áreas de verificación y calificación, entre otras, lo que permitirá además eliminar contradicciones de criterios entre las delegaciones, el Invea y el TCA, que dan como resultado que muchas resoluciones de este último echen abajo determinaciones de las primeras.

En la mesa de trabajo que se instaló ayer los órganos legislativo, jurisdiccional y del gobierno central contarán también con la asesoría de instituciones académicas, como el Instituto Nacional de Administración Pública.