En los pasados 26 años el gobierno de Estados Unidos ha gastado más de 186 mil 800 millones de dólares –casi tres cuartas partes del Presupuesto de Egresos de México para este año– en operaciones para reducir el flujo de migrantes indocumentados a su territorio por aire, mar y tierra.

Particularmente en los límites con Baja California se concentra el mayor número de elementos de la Patrulla Fronteriza –fuerza de seguridad que en sólo siete años duplicó su número, hasta sumar 21 mil 370– y la tecnología más moderna, así como programas que, de acuerdo con un estudio del Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés), representan el ejemplo más destacado del fortalecimiento de los sistemas de migración en ese país.

Dicha organización, abocada al estudio de la problemática migratoria en Estados Unidos (apartidista e independiente), destaca en un análisis publicado la semana pasada que la aplicación de esos recursos económicos y humanos ha sido un éxito, lo cual se refleja en la reducción significativa del número de migrantes detenidos después de 2000 en los nueve sectores de la zona limítrofe con Baja California, a cargo de la Patrulla Fronteriza. Ese decremento, añade, se debe a la creciente fortaleza de los controles en la frontera y al debilitamiento de la economía estadunidense.

Ello explica que en 2011 hayan sido detenidos sólo 340 mil 252 migrantes, una quinta parte de los aprehendidos en 2000, cifra cercana a los capturados en 1970. Menciona que para tal efecto fue importante aprobar en 1986 la Reforma de Inmigración y Control (Irca, por sus siglas en inglés), que por vez primera en la historia del país vecino declaraba ilegal la contratación de indocumentados y legalizaba a unos 3 millones de migrantes.

De acuerdo con el estudio, la falta de credibilidad en la destreza de los gobiernos para atender con eficacia el problema de la migración ilegal hacia Estados Unidos, mediante una ley en la materia, ha reforzado la premisa en los distintos círculos de poder de que para enfrentar la migración el fortalecimiento de las instancias disuasivas es primero, de ahí la creciente innovación tecnológica, el elevado número de efectivos para custodiar las fronteras y los recursos económicos cada año más elevados para financiarlas.

Explica que tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, los mecanismos para ingresar se volvieron más rígidos. A manera de ejemplo señala que actualmente los tres sistemas de identificación biométrica son pilares del sistema de seguridad estadunidense. A la fecha cuenta con 148 millones de archivos de huellas digitales, los cuales crecen en casi 10 millones al año.

Ese sistema de recopilación de huellas dactilares, apunta el texto, es compatible con el archivo de criminales de la Agencia Federal de Investigaciones, lo que permite cruzar información de manera inmediata con otros archivos de las agencias de seguridad interna, pero a pesar de las grandes inversiones en éstos y otros sistemas de seguridad leyes como la emitida en 1986, que obliga a los empresarios a verificar el estatus legal de los empleados, tienen numerosas fallas.

Entre otras, que los empleadores ven que el riesgo de incumplir esa ley no es tan grande si se compara con las ventajas económicas que tiene contratar indocumentados por el bajo salario que éstos aceptan, debido a su situación migratoria. Como solución parcial a ese problema laboral, el gobierno ha implementado un programa de verificación electrónica voluntaria, que si bien ha sido puesta en práctica por apenas 10 por ciento de los 7 millones de empleadores, ya es exigido en 19 estados.