Durante 2012 se cometieron en México más de 26 mil 280 secuestros, un promedio de tres por hora, y en 90 por ciento de ellos hubo participación de las distintas policías, según un estudio del Consejo para la Ley y los Derechos Humanos.

“Si en 2010 la connivencia de policías, militares o ex miembros de estos grupos en la ‘industria del secuestro’ era de 70 por ciento, el año pasado aumentó a 90 por ciento”, afirma en entrevista Fernando Ruiz Canales, presidente de esa organización no gubernamental dedicada al apoyo de víctimas de rapto.

El incremento en las cifras de plagios va unido a otro fenómeno alarmante: el desenlace mortal: “En 2008 se ejecutaban a tres de cada 10 víctimas de secuestro; actualmente se están ejecutando a seis de cada 10. Se duplicó la cifra de desenlaces mortales. Generalmente el secuestrador decide asesinar a su víctima porque siempre tiene latente el temor de que lo identifiquen. Saben que la manera más segura de continuar en este tipo de negocio ilícito es el asesinato”.

Ruiz Canales fue víctima de secuestro por la banda de La Flor, hace 10 años; lo mantuvieron cautivo 15 días hasta que por una falla logró escaparse. Desde entonces se ha dedicado a participar en negociaciones, ubicando casas de seguridad y rescate de las víctimas de secuestro.

Este trabajo se ha convertido en una actividad terriblemente peligrosa porque no sabes en quien te puedes apoyar. Hemos llegado a la conclusión de que mientras más ajena es la autoridad a este tipo de casos, es más seguro para recuperar a la víctima con el menor maltrato y con el menor daño patrimonial, dice.

Peor aún, dice que actualmente las posibilidades de que un secuestrador sea llevado a juicio penal son nulas: México es un paraíso para los secuestradores por la impunidad y la complicidad. La actividad ya alcanzó 100 por ciento de impunidad. Es prácticamente imposible que existan denuncias formales. Sólo uno de cada 100 casos llega al conocimiento del agente del Ministerio Público y, de esos, la mitad son negociados de manera paralela; es decir, no por la autoridad, sino por un negociador particular.

José fue secuestrado el año pasado en Monterrey. En el lapso de cinco días la banda se llevó a una docena de dueños de negocios ubicados en el centro de la ciudad: Había de todos los giros: puestos de comida, tiendas de teléfonos, ropa, refacciones. En la casa de seguridad éramos como nueve y según el tipo de negocio determinaban el rescate. Por mi pedían 2 millones de pesos, cuenta la víctima de este delito.

A José como a los otros comerciantes los sacaron a plena luz del día de sus respectivos negocios. Me subieron vendado a un vehículo y me fueron golpeando durante el camino. Escuché como se dirigían a la policía estatal y paramos para que los mismos agentes les pasaran las esposas que luego me pusieron.

Durante el cautiverio, que duró siete días, todos fueron torturados. Los secuestradores utilizaban tablas con orificios y amenazaban con amputaciones. Los familiares de algunos acudieron a las autoridades para interponer denuncia, un elemento que los secuestradores conocieron de inmediato, lo cual quiere decir que existía una clara connivencia con las autoridades: Había contubernio de la policía regiomontana y la estatal; de hecho, una vez llegó una patrulla a cobrar los sueldos. Estoy vivo porque el Ejército nos rescató. A los siete días escuchamos como ruido de bomba y mucho humo. Entraron los militares y nos liberaron, luego nos dieron la oportunidad de desquitarnos con los secuestradores. Los agarramos a patadas y los golpeamos.

Confiesa que no le dio seguimiento al caso, y aunque acudió a interponer una denuncia contra las autoridades, nunca hubo resultado: “No hay justicia. Todos forman parte del ilícito porque es un gran negocio. Ya ve como dejaron ir a la secuestradora francesa sentenciada. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia que participaron en la decisión de otorgar el amparo han actuado de manera errónea, abriendo la puerta a una delincuente. ¿Cuántos secuestradores van a pedir el mismo procedimiento? Con esto, la ‘industria del secuestro’ seguirá creciendo”.

Una industria que, según el estudio del Consejo para la Ley y los Derechos Humanos, representa la número uno en el mundo: México ocupa el primer lugar mundial en número de secuestros. Somos el país que más secuestrados tiene al año y donde la violencia contra el secuestrado es la más cruel. Tenemos al secuestrador más violento y en este momento está mutilando dedos cada vez más. Aquí estamos viendo la amputación, la tortura, la violación y la privación de la vida. Todo esto ha ido creciendo de manera alarmante. Paralelamente, el sistema de justicia no funciona. El delincuente cuenta con 98 por ciento a su favor, dice Ruiz Canales.

Complicidad e impunidad

En las historias de secuestro la connivencia de las autoridades y las distintas policías es una constante, según el estudio sobre el secuestro del año pasado. “Tienen una participación muy importante. Ya no hacen sólo la ‘operación muro’, ahora toman parte activa, tanto que han creado el cártel de La Charola, un grupo con presencia en el ámbito nacional integrado por todo tipo de policías: municipales, estatales, federales... son miles de agentes dedicados a la comisión del delito de secuestro”.

En torno a este espectro de policías participando en la industria del secuestro, los más identificados por las víctimas pertenecen a la Policía Federal, institución creada por Vicente Fox. “Estos son los más activos; hacen el trabajo de investigación y seguimiento de la víctima, el punto idóneo para ejecutar el secuestro; ponen como cuidadores a municipales o estatales. Se ha hecho una especie de especialización de policías de cada corporación, donde a cada miembro se le asigna una posición y actividad particular. El 75 por ciento de los casos se pueden adjudicar tan sólo a elementos de la Policía Federal. Esta gran ‘industria’ es de ellos”, afirma.

Y añade: Desde la aparición de ese monstruo llamado Policía Federal vimos como se incrementó hasta la punta el fenómeno del secuestro y como aumentó su presencia de manera constante. La Policía Federal se ha convertido en un cáncer social; lo mismo fue la AFI de Genaro García Luna, pero ésta ya desapareció y la otra sigue. Es una institución corrompida desde sus orígenes, gente con historial muy negro, muy peligroso en el crimen organizado. Crearla fue como lanzar gente con licencia para delinquir.

De acuerdo con esta información, señala que se puede entender que exista 100 por ciento de impunidad. “Resulta muy difícil poder rastrearlos, identificar adónde fue a dar el dinero, dónde están las casas de seguridad... ¿Cómo sabemos que son policías? Por el modus operandi los identificamos porque ellos mismos han estado capacitados para combatir este delito, saben evadir todos los esquemas para investigar y perseguir a un secuestrador”.

La denuncia y liberación de los secuestrados se convierte en auténtico calvario: Los familiares saben que al presentar la denuncia prácticamente le están dando la información a su agresor. Tuvimos un caso que rayaba en el cinismo porque con la copia denuncia que presentaron los padres de un joven secuestrado, lo cacheteaban al mostrársela; incluso lo videograbaron con la copia. El mensaje era muy claro: sabemos lo que están haciendo.

Explicó que de acuerdo con el estudio hay un nuevo fenómeno de repetición del secuestro que no se veía: Antes plagiaban a una persona y se acabó. Ahora regresan por otros miembros de la misma familia. Hay espionaje, con micrófonos especiales, posterior a las víctimas de secuestro, para ver qué hacen y qué dicen. Ellos saben que si por el miembro de una familia recibieron 3 millones de pesos, pueden secuestrar a alguien más de ellos. Hemos tenido casos donde hasta tres miembros de una misma familia han sido secuestrados por la misma banda en distintas temporadas. Y conocen a la perfección los bienes que la familia tiene para ir pagando los rescates.

El método ha sido tan efectivo, comenta, que actualmente tienen siete casos de secuestro cometidos contra bodegueros de la Central de Abasto del Distrito Federal en los recientes 15 días: El problema es tan grave que los comerciantes han creado un fideicomiso para pagar rescates. Eso no esta bien. Entiendo el silencio que guardan la mayoría de las víctimas, lo que no se puede permitir es que el silencio sea perpetuo, porque contribuimos a que otras personas se conviertan en víctimas por no haber señalado a los responsables. En justicia y seguridad pública, los ciudadanos nos hemos quedado solos.