De confirmarse que comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información (Ifai) cometieron en actos irregularidades en el desempeño de sus cargos se tendría que abrir un juicio ciudadano, afirmaron especialistas en el tema.

No basta, explicaron, removerlos para sancionar a quienes faltaron a su responsabilidad como funcionarios públicos, pues su falta de cumplimiento en el deber es otra forma de corrupción.

Aseguraron que ningún comisionado puede tener una posición de privilegio frente a los demás ciudadanos.

Tras conocerse una investigación interna contra la comisionada Sigrid Arzt Colunga, quien presuntamente incurrió en un caso de conflicto de intereses, y de que se acusó al presidente Gerardo Laveaga de ser indolente y perezoso, además de tener un rezago de 291 solicitudes no dictaminadas, señalaron que es extremadamente preocupante, lamentable y decepcionante, porque se trata de una institución que debe estar al servicio de los ciudadanos y de ningún otro interés.

En entrevista por separado, Javier Esteinou Madrid y Beatriz Solís Leeré, expertos en derecho a la información de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), coincidieron en que la renovación de comisionados del Ifai, como proponen legisladores priístas, puede ser una medida positiva si los nuevos nombramientos dejan de ser una decisión vertical.

Alertaron que cualquier cambio demanda reglas claras y transparentes, para que deje de ser una decisión unilateral del Poder Ejecutivo o que se resuelva, a través de las cuotas a los partidos. Las ternas no pueden surgir de los gabinetes ni de las amistades de los funcionarios, debe ser un proceso abierto a la participación de la sociedad civil.

Esteinou Madrid apuntó que es decepcionante enterarnos de que algunos comisionados podrían haber incurrido en vicios que tendrían que haber intentado combatir como corrupción, tráfico de influencias y falta de transparencia. Agregó que de confirmarse, esto revela que el Ifai ha entrado en una fase de decadencia.

Al respecto, Solís Leeré destacó que es responsabilidad del Estado garantizar el acceso a la información y cualquier rezago en la solicitudes de un ciudadano que acude al Ifai, ante la negativa o respuesta incompleta de una institución pública, es preocupante, porque en realidad cuando no se da una respuesta prioritaria y expedita, lo que se rezaga es la transparencia.

Ante un cúmulo de 291 solicitudes no resueltas, lo que es evidente, dijo, es el poco interés y la falta de prioridad que dan las personas responsables de esta tarea a las demandas de información presentadas por ciudadanos. Habla muy bien del nivel de prioridad que dan los comisionados, en particular del presidente del organismo.

Esta actitud, resulta, preocupante, insistió, porque esto puede desilusionar a los ciudadanos sobre el tema de la transparencia, pero también a la valoración y legitimación de una institución como el Ifai.

Agregó que diversos organismos, como la Asociación Mexicana de Derechos a la Información, alertamos a los legisladores sobre la designación de Laveaga como comisionado, pues era un ciudadano que no reunía las características necesarias para realizar esta labor.

En un comunicado de marzo de 2012, la asociación destacó que Laveaga carece de méritos en lo que se refiere a transparencia y rendición de cuentas, pese a su experiencia en el ámbito académico y gubernamental, pues durante 10 años se desempeñó como director del Instituto Nacional de Ciencias Penales, donde fue experto en seguridad pública y procuración de justicia, tareas bastante ajenas al quehacer institucional.