El régimen de pensiones que opera en México atiende únicamente 15 millones de los 48.5 millones de cuentas registradas en el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).

Hasta diciembre pasado, las cuentas inactivas registradas en las 13 Afores alcanzaron 33.5 millones, cuyos montos son reducidos con el tiempo por las comisiones que las empresas financieras cobran por el manejo de cada una de ellas.

En la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados se elabora un estudio sobre los riesgos del actual sistema de pensiones instaurado en México hace 15 años, cuyo costo sólo en el año vigente será de 409 mil 865 millones de pesos, distribuidos entre los institutos Mexicano del Seguro Social, de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de las Fuerzas Armadas Mexicanas así como de Pemex, CFE y Luz y Fuerza del Centro.

Al abundar sobe el tema, Miguel Alonso Raya, vicecoordinador del grupo parlamentario del PRD en San Lázaro y especialista en el tema de las pensiones, también advierte que las cuentas de ahorro para el retiro de millones de mexicanos serán insuficientes para proveer a cada uno de ellos recursos que les ayuden a solventar un retiro digno:

“El actual sistema de pensiones a los únicos que beneficia es a los propietarios de las Afores y a sus funcionarios, que cobran 30 mil dólares al mes de sueldo, el cual obtienen de las comisiones que arrebatan sin control ni límite alguno a las cuentas individuales. Y aún más grave es que del total de los 48.5 millones de cuentas, en 25 años sólo 6 por ciento podrá cubrir las mil 200 semanas de cotización por cuenta propia. El 60 por ciento no tendrá la manera de cumplir los requisitos y sólo tendrá derecho a retirar sus menguados recursos, debido al escandaloso cobro de comisiones que las Afores realizan en cada una de las cuentas.

El 34 por ciento restante podrá alcanzar a cubrir el requisito para obtener una pensión, si cada uno de los trabajadores de ese grupo cotiza durante 50 años, y además van a requerir de un subsidio u apoyo fiscal para completar la pensión reglamentaria de uno o dos salarios mínimos.

Como se recordará, desde julio de 1997, la nueva Ley del Seguro Social ordenó que los asegurados al régimen obligatorio tendrían que cotizar –en lugar de las 500 semanas dispuestas como requisito en la ley de 1973– mil 250 semanas (poco más de 25 años) para acceder a una pensión de cesantía en edad avanzada o de vejez. Y se mantuvo el requisito de tener mínimo 60 o 65 años para disfrutar de dicho beneficio, para mujeres y hombres, respectivamente

Entonces, se suponía que reducir las cuotas obrero-patronales significaría un fuerte incentivo a la generación de empleos, según la exposición de motivos que acompañó la iniciativa presentada por el entonces presidente Ernesto Zedillo, en 1995.

Tal resultado no ocurrió nunca. Al desgravar la nómina, los patrones no ampliaron el aseguramiento y con los años la prevalencia de los empleos informales, inestables, eventuales y precarios, así como la alta rotación de personal, volvieron inviable el requisito de cotizaciones al término de la vida laboral.

El indicador que mejor describe esta situación es la densidad de cotización, la cual resulta de dividir las aportaciones realizadas sobre las posibles. Esto es, si en un año calendario un trabajador sólo cotiza ocho meses, tendrá una densidad de aportación de 75 por ciento del año. Es decir, si luego de 24 años de ingresar a laborar sólo ha cotizado al SAR 18 años, a ese ritmo tendría que seguir aportando ocho años más para alcanzar el requisito mínimo.

Así, de julio de 1997 a agosto de 2012 transcurrieron 787 semanas. En este periodo, 83.9 por ciento de los titulares de una cuenta individual cotizaron menos de 500 semanas. Esto es, tuvieron una densidad de aportación de 63.5 por ciento, y si los dueños de estas cuentas mantienen ese ritmo, necesitarían trabajar casi 38 años para acceder a una pensión.

Quienes en agosto de 2012 tuvieron una densidad de cotización igual o menor a 50.8 por ciento (400 semanas como mínimo), prácticamente no alcanzarán a gozar de una pensión, pues manteniendo tal nivel necesitarían laborar 47.3 años o más.

De continuar las condiciones observadas en los últimos 15 años, sólo 16.1 por ciento de los afiliados a una Afore tendrán posibilidad de acceder a una pensión laborando menos de 38 años; el resto no podrá cubrir los requisitos para alcanzarla.

Dado el comportamiento de la densidad de cotización entre los asegurados, el SAR sólo tiene viabilidad para cuando mucho, uno de cada seis, y la situación puede agravarse en la medida que el mercado laboral se flexibilice aun más con la entrada en vigor de la reforma constitucional que legaliza la subcontratación, que permite el pago por hora, permite nuevas formas de contratación (a prueba, eventuales, por temporada) y flexibiliza el despido, con nuevas causales, y con la limitación del pago de los salarios vencidos.