ace tres meses, en una macrofiesta para celebrar el día de Hallowen organizada en la discoteca Madrid Arena, ocurrió una tragedia que, ahora se sabe, se pudo haber evitado. Una marea humana descontrolada y encerrada en un recinto al que su aforo se había superado con creces provocó la muerte de cinco jóvenes de entre 18 y 24 años. Un drama que conmocionó a la opinión pública y que en su día provocó una profunda crisis en el gobierno de la ciudad, del derechista Partido Popular (PP).

Pero el drama, todavía sin esclarecer del todo, sí ha servido para destapar una trama de supuestas corruptelas y trato de favor entre una parte del gobierno de la ciudad de la conservadora Ana Botella con los empresarios del ocio nocturno que regentaban la discoteca.

Si bien lo más grave y lo que ha despertado la indignación y la desesperación de los familiares de las víctimas ha sido el grito de auxilio lanzado por el juez instructor del caso, Eduardo López Palop. En un gesto atípico, pero fruto de la impotencia y de los obstáculos constantes de la administración local para avanzar en la investigación, desde su despecho de magistrado aireó una pregunta pública: ¿Ustedes creen que se puede trabajar así? He tenido que aplazar 12 citaciones y en un caso con cinco muertos no tengo ni secretario.

La tragedia del Madrid Arena desnudó lo que ha sido una mecánica habitual entre el gobierno local y un grupo de empresarios del ocio nocturno: el amiguismo permitía que se violaran los horarios y los límites de aforo, así como otras legislaciones de seguridad que, de haberse cumplido, habrían evitado la tragedia. Pero el juez todavía no ha podido esclarecer algunos de los supuestos –incluido el de la corrupción y el tráfico de influencias– por la falta de medios.

Al menos su llamada de auxilio ha tenido una respuesta ágil por parte de los tribunales madrileños, que decidieron destinar a cuatro magistrados más para ayudar al juez instructor, que advirtió que llegará hasta el final en la investigación.

Armando G. Tejeda, corresponsal