atos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, difundidos ayer en estas páginas, dan cuenta de que en la última década el país ha atravesado por un declive sostenido en su autosuficiencia alimentaria; ejemplo de ello es el incremento en el monto de las importaciones de maíz, cifra que en dicho periodo se cuadruplicó al pasar de 644 millones de dólares en 2002 a 2 mil 878 millonesahora. En total, el monto destinado a la compra de alimentos en otras naciones asciende a 12 mil 330 millones de dólares el último año, más del doble que lo destinado 10 años antes.
Estos datos son indicativos de que, en un periodo caracterizado por fenómenos climatológicos y espirales especulativas que han incrementado los precios de los productos alimentarios básicos, los gobiernos nacionales han decidido optar por el camino más lesivo; en ausencia de políticas orientadas a devolver al campo mexicano su capacidad productiva, han buscado el faltante en el extranjero, y ello ha colocado a la población a merced de los vaivenes en los precios internacionales y ha agudizado la enorme brecha social existente en el país.
No menos peligrosa y equívoca resulta, ahora, la posibilidad de que el gobierno permita el cultivo masivo y con fines comerciales de productos como maíz y soya transgénicos, en atención a la solicitud formulada por las grandes empresas de biotecnología que operan en el país, y que insistentemente presentan los granos genéticamente modificados como la panacea para el hambre.
Aun sin considerar los riesgos que ese tipo de cultivos representan para la salud y la biodiversidad, documentados en decenas de revistas especializadas, el dar luz verde a la siembra irrestricta de granos genéticamente modificados, lejos de ser una solución, implicaría asestar un golpe adicional a los productores tradicionales para beneficiar a un puñado de empresas –tres de las cuales, Monsanto, Syngenta y DuPont-Pioneer, controlan más de 90 por ciento de ese mercado– y agudizaría, por esa vía, la pérdida de autosuficiencia del país en el campo de la alimentación.
En rechazo a semejante perspectiva, la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas inició el pasado miércoles un plantón y una huelga de hambre en el Ángel de la Independencia –en demanda de que no se otorguen permisos para siembra de maíz transgénico en el país– y semejantes peticiones han sido retomadas por múltiples organizaciones como la Central Campesina Cardenista, la Unión de Científicos y Campesinos Comprometidos por la Sociedad, la ambientalista Greenpeace y la agrupación de ciberactivismo Avaaz.
Es pertinente que los estamentos más altos de la conducción política y económica del país atiendan esas voces de inconformidad y reconozcan que tanto la pobreza como el hambre, más allá de haber sido redescubiertas como un problema central en la agenda del actual gobierno, tienen como factores explicativos la aplicación de una política agroalimentaria equivocada y diseñada para beneficio de grandes corporaciones trasnacionales y de capitales especulativos, no de las poblaciones. La corrección de la problemática requiere, pues, diseñar y aplicar medidas orientadas a garantizar la autosuficiencia –como el apoyo gubernamental a los pequeños productores y el restablecimiento de límites a las importaciones baratas de alimentos–, no a satisfacer la voracidad de los intereses privados dentro y fuera del país, para los que el derecho a la alimentación es una enorme oportunidad de negocio.
