Puebla, Pue., 26 de enero. Al menos 50 activistas defensores de derechos humanos y vecinos de Olintla, que se oponen a la instalación de una planta hidroeléctrica del Grupo México en ese municipio de la Sierra Norte poblana, fueron retenidos por un grupo de golpeadores y gente azuzada por el alcalde Héctor Arroyo Bonilla.

Quienes permanecían privados de su libertad al cierre de esta edición, integran el Consejo Tiyat Tlali y por la mañana celebraron una asamblea en la comunidad Ignacio Zaragoza para dar a conocer los efectos nocivos que la planta provocará en los márgenes del río Ajajalpan, la cual forma parte de un proyecto mayor para explotar minas de oro y plata en la región.

En forma simultánea, en el auditorio de una escuela cercana, Walter Slutz, quien se presentó como representante de Grupo México, celebraba una reunión para informar las bondades de la termoeléctrica, sin exhibir permisos ni estudios de impacto ambiental. Los pobladores de Olintla aseguran que ese cónclave fue organizado por el alcalde y la mayoría de los participantes ni siquiera eran del municipio.

Cuando la asamblea del Consejo Tiyat Tlali culminó, sus integrantes decidieron ir a solidarizares con los vecinos de Ignacio Zaragoza que desde el 5 de diciembre pasado sostienen un plantón cerca de la ribera de Ajajalpan, porque el presidente municipal intentó en esa fecha iniciar la construcción de la hidroeléctrica sin el consentimiento de la población.

A las 17 horas, los integrantes del consejo emprendieron la retirada, pero les salió al paso una turba encabezada por el edil, quien les dijo que sólo podían irse de Olintla si firmaban un documento comprometiéndose a "nunca más" volver al municipio. De entre la turba surgieron gritos de que lincharían a los activistas y los quemarían vivos.

Cecilia Zeledón, directora de la Universidad de la Tierra, quien también permanecía retenida, relató vía telefónica que un integrante del Sindicato Mexicano de Electricistas que acudió a solidarizares con el movimiento, acompañado de su familia, en la que hay dos niñas pequeñas, accedió a firmar con tal de irse.

A las 19 horas llegó un contingente de la Policía Estatal, pero se limitó a mantenerse a la expectativa.

Entre los activistas del Consejo Tiyat Tlali privados de su libertad se encuentran integrantes de la Organización Indígena Independiente Ahuacateca, la Unidad Indígena Totonaca Náhuatl, la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa del Medio Ambiente, Pastoral Social, la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske, Naku Skgoy, el Centro de Estudios Ecuménicos, entre otras.

El Consejo Tiyat Tlali ha exigido al gobernador Rafael Moreno Valle Rosas y a las autoridades municipales garantizar la seguridad e integridad física y sicológica de los pobladores totonacas de la junta auxiliar Ignacio Zaragoza, quienes se mantienen en resistencia en defensa de sus tierras y sustento diario.

Pidió a las autoridades locales y a Grupo México garantizar el derecho a la libre decisión de la comunidad indígena, la cual ha manifestado rechazo a la instalación de la hidroeléctrica por posibles daños ambientales y sociales en la zona.

Los integrantes del consejo acusaron que las autoridades municipales, encabezadas por el edil Arroyo Bonilla, actúan en favor de Grupo México, que planea la construcción de una hidroeléctrica de autoabastecimiento en energía para sus minas.

Incluso señalaron el hostigamiento e intimidación del alcalde, el síndico y los regidores de Educación y Salud contra la comunidad totonaca de la junta auxiliar de Ignacio Zaragoza, en el municipio de Olintla, a la que presionan para ceder los terrenos de su propiedad y permitir que la empresa realice sus trabajos en forma normal.

El pasado 5 de diciembre los pobladores sitiaron la máquina –propiedad de Grupo México– que iba a empezar la construcción de la carretera Zaragoza-Jopala, el cual presuntamente abriría camino para la construcción de una hidroeléctrica en la zona. Desde entonces la maquinaria no se ha movido y los pobladores la resguardan, sin que autoridad alguna la haya reclamado.

Habitantes de Olintla presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia y la Comisión Estatal de Derechos Humanos por las daños a sus parcelas con la construcción de la hidroeléctrica. El 25 de diciembre, las autoridades municipales repartieron volantes en la comunidad Ignacio Zaragoza con la leyenda: Estoy en favor de la hidroeléctrica.

Durante la primera semana de enero, policías estatales iniciaron un plantón frente al campamento instalado por la comunidad, en una clara acción de intimidación; mientras el edil y el síndico municipal presionaron a los pobladores a dejar pasar la máquina y permitir los trabajos preliminares, lo cual no sucedió.