La contingencia ocurrida en 2009 por la pandemia de influenza A/H1N1 colocó a la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública (APBP) como eficiente administrador y transparente coordinador de las actividades de asistencia social del Estado, incluso con reconocimiento internacional.

Por ello, una alternativa que vislumbra el organismo para superar la crisis que enfrenta es obtener donativos de instituciones y organismos privados.

Sin embargo, esta opción aún deja en el aire la situación de los bienes propiedad de la APBP que están en riesgo de perderse, pues están en juicios legales, algunos desde hace varios años. Las propiedades deberían representar la principal fuente de financiamiento para los apoyos a personas de escasos recursos económicos y sin seguridad social, quienes requieren insumos para superar enfermedades y discapacidades.

Sin el apoyo de la Beneficencia Pública, la recuperación de la salud estaría fuera de su alcance, reconoce la propia institución.

El Libro blanco 2007-2012, elaborado por la APBP, incluye un apartado relativo a su participación durante la contingencia sanitaria.

Es de recordar que cuando apareció la influenza A/H1N1 en México –en abril de 2009, el primer país, junto con Estados Unidos– se generó una situación de alarma porque se trataba de un virus desconocido que estaba causando gran cantidad de enfermos y muertes.

Receptora central de donaciones

El apoyo internacional se hizo presente, y por decisión del entonces secretario de Salud, José Angel Córdova Villalobos, señala el documento, la APBP se convirtió en receptora de los donativos que diversos países y empresas enviaron al gobierno de México.

Fueron 209 toneladas de insumos médicos y medicamentos con un valor aproximado a 192 millones de pesos que posteriormente se distribuyeron a los hospitales en el país.

Las ayudas llegaron de Canadá, Corea, China, España, Estados Unidos, Francia, Japón y Tailandia. También las organizaciones Mundial y Panamericana de la Salud mandaron donativos.

El reporte de la APBP da cuenta de que los productos se distribuyeron en 207 hospitales del país, entre ellos 12 federales, 136 dependientes de los gobiernos de los estados, 47 del IMSS, 11 del Issste y uno de Pemex. Esta tarea, destaca, implicó un trabajo coordinado e interinstitucional.

Además, la Beneficencia Pública participó, junto con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la subsecretaría de Innovación y Calidad, en la gestión de donativos con 31 empresas y organizaciones nacionales e internacionales, de las que se obtuvieron otras 172 toneladas de medicamentos e insumos con un valor estimado en 34 millones de pesos.

Debido a estos resultados, la APBP plantea que una alternativa para seguir operando podría ser la obtención de donativos. Sin embargo, en el mismo Libro blanco plantea que incluso en este tema enfrenta dificultades, pues la industria farmacéutica que sería el principal aportante tiene políticas internas que le impiden ese tipo de participaciones.

Además, existe confusión sobre la naturaleza jurídica de la Beneficencia Pública, por lo que aunque es una donataria autorizada, no existen documentos que lo acrediten. En consecuencia, se dificulta la obtención de donativos.