Luego que un fallo erróneo del gobierno la despojara de la mayor parte de su espacio vital hace más de 40 años, la comunidad rarámuri de Choreachi está impulsando un proceso judicial sui generis, mediante el cual busca el reconocimiento no sólo de sus tierras, sino también de su derecho al territorio, como elemento indispensable de la supervivencia como pueblo.

Para respaldar esa lucha, diversos académicos y especialistas (entre los que se cuentan Miguel León Portilla, investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y Rodolfo Stavenhagen, ex relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre derechos de los pueblos indios, elaboraron un amicus curiae –documento que un tercer interesado puede dirigir al juez para coadyuvar a tomar una decisión más informada– que será enviado al tribunal agrario, cuya resolución sobre el tema será dada a conocer dentro en un par de meses.

Isela González Díaz, directora del colectivo Alianza Sierra Madre, explicó en conferencia de prensa que hace más de cuatro décadas la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) dividió las 32 mil 700 hectáreas de Choreachi –ubicada en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua– en tres partes, dejándo a los rarámuris sólo 25 por ciento de su territorio original y sin ningún título de posesión legal.

En 2002, las autoridades del estado redujeron todavía más el espacio ocupado por los indígenas, en beneficio de la comunidad mestiza de Coloradas de los Chávez –supuestamente cercana a la Confederación Nacional Campesina, del PRI– y Coloradas de la Virgen.

Por todo lo anterior, los rarámuris presentaron en 2007 una demanda ante el tribunal unitario agrario de Chihuahua para exigir que se les reconozcan sus tierras en sentido geográfico, pero también su derecho al territorio como elemento fundamental de su propia existencia como pueblo, y la anulación de los permisos de explotación forestal a los grupos de talamontes de la zona.

Francisco López Bárcenas, especialista en derecho indígena, afirmó que la división realizada por la SRA fue un acto de despojo en contra de los rarámuri para beneficiar a grupos de la delincuencia organizada que saquean los recursos madereros del bosque desde hace décadas.

Magdalena Gómez, académica especializada en estos temas, subrayó que para los pueblos originarios su derecho al territorio es una garantía de supervivencia cultural, pues históricamente los gobiernos han reducido el espacio y los recursos que poseen, por lo que llamó a las autoridades de Chihuahua a valorar este elemento como lo ordenan diversos tratados internacionales.

El antropólogo e investigador Gilberto López y Rivas lamentó que los políticos mexicanos no hayan entendido aún el mensaje de hartazgo enviado por la insurrección zapatista hace 19 años, y siga dando un trato racista y discriminatorio a los pueblos indios del país, lo cual ha llevado a muchos de ellos, incluso, a organizarse en guardias armadas independientes.