La liberación de Florence Cassez genera un impacto muy serio contra las víctimas de los secuestros, quienes no sólo sufrieron por los actos de los delincuentes, sino también por la falta de profesionalismo de los servidores públicos que configuraron mal las investigaciones en contra de los acusados, aseveró el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva.

El ombudsman nacional lamentó la doble afectación de quienes han sufrido los estragos de los grupos del crimen organizado y anunció que el organismo a su cargo analizará el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la ciudadana francesa para analizar la posible responsabilidad de todos los funcionarios involucrados en su detención y encarcelamiento.

Este asunto generó un impacto muy serio en las víctimas de secuestro, toda vez que no sólo fueron lastimadas por un delincuente, sino también por la falta de profesionalismo de los servidores públicos, que hicieron tan mal las cosas que propiciaron la liberación de una persona involucrada en el caso, pero no por ser inocente, sino por fallas en su trabajo, lamentó Plascencia.

Efecto corruptor

El fallo de la SCJN sobre el efecto corruptor que tuvo la escenificación mediática del arresto de Cassez abre la puerta para investigar la responsabilidad de los servidores involucrados y sancionarlos con celeridad, como se prevé en la ley, pues las víctimas se quedaron a la expectativa de una justicia que nunca llegó.

—¿Las investigaciones deben incluir a Genaro García Luna (ex secretario de Seguridad Pública)?

—No daría nombres, pero debe incluir a todos los que intervinieron en el hecho, a todos los que lo toleraron y provocaron dolor en las víctimas. Cassez se va a la calle no por ser inocente, sino porque se equivocó la autoridad. Se genera un espectro totalmente nebuloso donde se pierde el acceso a la verdad jurídica del caso, enfatizó Plascencia.

Si no se toman las medidas adecuadas para sancionar a los responsables, insistió el ombudsman, esto quedaría como una invitación para hacer lo mismo. Ahora los delincuentes no salen de la cárcel porque ya purgaron su pena, sino por equivocaciones en el proceso judicial, indicó.

Por todo ello, la CNDH ya se encuentra analizando el fallo de la SCJN para valorar todos los elementos que tomó en cuenta el máximo tribunal del país antes de tomar una decisión.

En 2007, la Procuraduría General de la República investigó el asunto pero con otro tipo de pruebas y exoneró a los servidores públicos. Ahora tenemos pruebas supervinientes. Seguiremos muy de cerca el asunto, acompañando a las víctimas que fueron afectadas por estos funcionarios, quienes le sirvieron a la injusticia en vez de a la justicia, recalcó el titular de la CNDH.