Se usará para tareas de monitoreo, compra de patrullas e infraestructura, dicen priístas
Sábado 26 de enero de 2013, p. 32
Mérida, Yuc. 25 de enero. Los 25 diputados de PRI, PAN, PRD y PVEM que integran la 60 Legislatura local, aprobaron hoy por unanimidad la iniciativa de decreto para que el gobierno de Yucatán pueda contratar un empréstito de 317 millones 268 mil 611 pesos con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), y destinarlos a trabajos de seguridad y justicia.
Los legisladores explicaron que el crédito solicitado proviene del fondo de apoyo para la infraestructura y seguridad (Profise), en el que la administración estatal, encabezada por el priísta Rolando Zapata Bello, sólo pagará los intereses y el gobierno federal se encargará de saldar el capital.
El dictamen de iniciativa para contratar el empréstito, signado por Zapata Bello, también prevé reformas a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2013 con la finalidad de adaptar el fondeo
del crédito, que representa la primera deuda
del Poder Ejecutivo que tomó pose-sión el pasado 1º de octubre.
La pasada administración estatal, presidida por la también priísta Ivonne Ortega Pacheco (2007-2012), actual secretaria general del tricolor nacional, dejó una deuda superior a 10 mil millones de pesos al gobierno de su sucesor, Rolando Zapata.
Después de la lectura del dictamen, el priísta Rafael Chan Magaña, presidente de la Comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal; la coordinadora de la bancada del PAN, Sofía Castro; el coordinador de la fracción del PRD, Bayardo Ojeda, y el representante parlamentario del PVEM, Harry Rodríguez, solicitaron al pleno del Congreso el sufragio a favor mediante sus respectivos posicionamientos. El voto fue unánime.
Chan Magaña comentó que el estado sólo pagará los intereses con tasa fija anual y la Federación saldará el capital. Indicó que el préstamo se destinará a mecanismos preventivos de monitoreo y supervisión en la entidad, la compra de patrullas para los municipios y la generación de infraestructura para mejorar la impartición de justicia.