n la céntrica plaza Tahrir de El Cairo, epicentro de las revueltas iniciadas hace dos años y que derivaron en el derrumbe del régimen de Hosni Mubarak, se registraron ayer nuevos enfrentamientos entre elementos policiales y cientos de opositores al gobierno islamista de Mohamed Morsi. Las protestas se reprodujeron en ciudades como Alejandría y Suez, localidad, esta última, en que se reportaron nueve muertos y centenares de heridos.

Así, a 24 meses de iniciada una rebelión popular que generó simpatías y admiración en todo el mundo, y que resultó paradigmática de lo que dio en llamarse la primavera árabe, la jornada de ayer en El Cairo y otras urbes egipcias da cuenta de que en ese país norafricano persiste un descontento social similar al de entonces, que enfila ahora sus energías en contra de lo que se percibe, en el mejor de los casos, como el tránsito de un régimen autocrático a uno fundamentalista, y como un ejercicio de gatopardismo que dejó intacta la estructura de poder autoritario y despótico, en el peor.

Si algo ha cambiado entre aquellas primeras movilizaciones de enero de 2011 y el momento actual es la ausencia, en el bando de los inconformes, de integrantes de la Hermandad Musulmana. La agrupación islámica supo capitalizar el inicio de una era formalmente democrática en el país del Nilo y que se concentró, en los dos últimos años, a hegemonizar el poder político formal en los sucesivos procesos en que éste estuvo en disputa: la constitución de una nueva Asamblea –actualmente controlada por hermanos musulmanes y salafistas–; la transferencia del control militar a un gobierno democráticamente elegido –el encabezado por Mohamed Morsi– y la redacción de una nueva Constitución, que establece a la musulmana como religión del Estado y proclama la sharia (ley islámica) como fuente principal de la legislación, amén de que contiene preocupantes limitaciones a derechos ciudadanos y libertades individuales, en sentido contrario a las reivindicaciones de apertura y modernidad que dieron origen a la revuelta que depuso a Mubarak.

Lo paradójico del caso es que, en esos reacomodos entre fundamentalistas, militares y remanentes burocráticos del viejo régimen de El Cairo, han sido excluidos los sectores laicos y progresistas de la sociedad egipcia, que constituyeron el cuerpo principal de la revuelta de hace dos años y que hoy, ante la ausencia de espacios institucionales para impulsar sus demandas por un país democrático, plural y libre, han vuelto a salir a la calle.

En el momento presente, es difícil anticipar si episodios represivos como el de ayer –aunados a los efectos de la aguda crisis económica que afecta a la nación norafricana– acabarán por llevar el descontento social a niveles similares que los observados hace dos años o si, por el contrario, el gobierno de Morsi será capaz de proveerse –así sea mediante el uso de la fuerza– de la normalidad política necesaria para cumplir con los plazos del calendario de la transición oficial, que incluye la realización de elecciones parlamentarias en los próximos meses. Más allá de esa incertidumbre, las movilizaciones de ayer dan cuenta de una conciencia colectiva de que la revolución egipcia dista de haber concluido con el recambio formal del régimen político. Cabe esperar que eso se traduzca en un desarrollo de la capacidad organizativa de los participantes en la resistencia cívica que se inició hace dos años en Egipto, a fin de que éstos logren constituirse en una alternativa real de poder y que puedan inducir una verdadera transformación social y política en esa nación árabe.