El Seguro Popular es responsable de la merma de los recursos de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública (APBP). Así lo afirma el organismo en el Libro blanco del periodo 2007-2012 y señala que la reducción va de 20 a más de 50 por ciento, al mismo tiempo que aumentaron las demandas de apoyo de población vulnerable porque el Seguro Popular no cubre todas las patologías.

Señala que otra parte de su crítica situación financiera, que incluso pone en riesgo su permanencia, se debe al descenso de ingresos provenientes de cuentas bancarias sin movimiento, cuyos fondos se deben entregar a la APBP.

La baja se explica, de acuerdo con el reporte, porque las instituciones financieras aplicaron de manera anticipada el contenido del artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, el cual se modificó en febrero de 2008, a fin de que la APBP recibiera dichos fondos luego de tres años de inactividad en las cuentas.

Por eso, dice, se “han tenido que buscar estrategias alternas como el establecimiento de vínculos con áreas de la Secretaría de Salud, organismos multilaterales y con instituciones y organizaciones de los sectores público, social o privado. También con la academia para poner en marcha proyectos conjuntos especiales que beneficien a núcleos específicos de la población.

El monto de los recursos ejercidos entre 2007 y 2012 ascendió a 126.6 millones de pesos, de los cuales la mayor parte (81.5 millones) provinieron del presupuesto federal, mientras 45 millones se originaron del patrimonio propiedad de la APBP.

Lo anterior evidencia que el manejo de recursos propios de la institución no genera rendimientos que correspondan con su valor, estimado en 482 millones de pesos.

Los inmuebles propiedad de la Beneficencia le fueron otorgados al momento de que el presidente Benito Juárez la creó en 1861, como parte de la secularización de los establecimientos hasta entonces administrados por autoridades eclesiásticas. Luego de que se le otorgaron facultades para formar parte de juicios sucesorios queda como legítima propietaria de bienes sin herederos.

Así fue durante casi toda su historia, hasta el sexenio pasado, cuando los ingresos generados por el manejo de su patrimonio empezaron a mermar sensiblemente por problemas con los edificios en renta y más de 5 mil juicios sucesorios sin resolver, problema que la APBP reconoce en respuestas a solicitudes oficiales de información, pero que omite en informes oficiales como el Libro blanco, donde únicamente señala al Seguro Popular y la modificación de la Ley de Instituciones de Crédito.

Entre otras estrategias impulsadas por el organismo para obtener recursos económicos adicionales está el diseño de modelos de atención para sectores específicos como las personas con discapacidad motora que requieren implantes protésicos. Sin embargo, dice en el Libro blanco, debido a la crisis económica de los últimos años, un mayor número de personas desempleadas que han perdido su cobertura de seguridad social acuden a los servicios públicos de salud en busca de atención, lo que ha aumentado el número de solicitudes de apoyo en la APBP.

Advierte que para estas personas resulta inalcanzable el pago de prótesis de alto costo, por lo que son candidatas a recibir el apoyo de la Beneficencia. Sin embargo, dice, es de resaltar que esta institución a lo largo de 150 años se ha orientado a la ayuda del más necesitado y que la disminución de los recursos podría incluso motivar su desaparición, con las graves consecuencias de dejar desprotegido a un gran núcleo de la población, que de no existir la Beneficencia Pública, carecería de alternativas para resolver sus más apremiantes problemas de salud.