Si sólo la mitad de los migrantes elegibles para aspirar a conseguir la ciudadanía de Estados Unidos la obtuvieran, en un lapso de 10 años sumarían a la economía de ese país entre 25 mil y 45 mil millones de dólares, se asegura en un estudio de especialistas de la Universidad del Sur de California (USC).

Reproducido en México por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), el documento forma parte de una serie de investigaciones relativas al fenómeno migratorio y su impacto en la economía estadunidense, que elaboró el Center for American Progress –grupo educativo apartidista– para definir cinco razones por las cuales la ciudadanía es preferible a un estatus de estancia legal para los más de 11 millones de migrantes que radican en Estados Unidos.

La calidad de ciudadano, –se precisa en el estudio– asegura “grandes ganancias para la economía, porque mejoraría los salarios, aumentando el gasto en consumo y mejorando la economía en su conjunto. Responde también a la propuesta de senadores republicanos, como Marco Rubio, de Florida; Jon Kyl, de Arizona, y Kay Bailey Hutchinson, de Texas, de crear un permiso permanente de estancia que no contemple la posibilidad de obtener la ciudadanía.

En un análisis elaborado en diciembre pasado por Manuel Pastor y Justin Scoggins, de la USC, se destaca que al obtener la ciudadanía, los migrantes naturalizados incrementan sus ingresos de manera inmediata, pues en un lapso de dos años sube de 5.6 a 7.2 por ciento, mientras entre 12 y 17 años más tarde ese mismo empleado alcanza un aumento en sus percepciones de entre 10.1 y 13.5 por ciento: mayores ingresos significan mayor consumo y crecimiento de la economía, lo que beneficiaría directamente a los nacidos en Estados Unidos, pues el crecimiento económico sustentaría la creación de más empleos.

Además –apunta–, al otorgárseles el estatus de ciudadano se crea certidumbre para los migrantes y los empleadores, incentivándolos a invertir en capacitación laboral, al mandar una señal clara de que los naturalizados están comprometidos a radicar en Estados Unidos y de que no serán deportados o deberán cambiar de residencia intempestivamente, obligando al empleador a rentrenar a otra persona para el puesto que queda vacante.

Asimismo, advierte que al asegurar la plena integración de los indocumentados a todas las actividades de la vida cotidiana, se diluye el actual bloqueo social y la movilidad económica, reduciendo con ello la idea de una clase superior y otra inferior, como sugiere la propuesta de los senadores mencionados, que es un paso hacia atrás respecto de la idea de igualdad que asegura la ciudadanía.

Una vez que el Congreso discuta el tema de la reforma migratoria, deberá tener en mente estos beneficios sociales y económicos que representaría para Estados Unidos al otorgar la ciudadanía a los migrantes, concluye el texto.