Los derechos de las víctimas de delitos sólo se preservan y garantizan cuando el sistema de justicia y todos sus integrantes (policías, agentes del Ministerio Público, peritos y jueces) cumplen con las reglas e integran expedientes con pulcritud, sin recurrir a la tortura y el engaño como ocurrió con el caso de la ciudadana francesa Florence Cassez, afirmaron activistas y organizaciones civiles de defensa de los derechos humanos.

Tras la liberación de Cassez, es necesario que se combata la impunidad y se juzgue a los responsables de las fallas en el debido proceso de la ciudadana francesa hasta el más alto nivel, porque de lo contrario, la decisión de la Suprema Corte de Justicia será sólo un paso mal logrado, inservible, advirtió Ricardo Sepúlveda, director del Centro Jurídico para los Derechos Humanos.

“No se trata de que con la salida de Cassez todos van a salir libres, pero lo que sí sigue es que debe haber responsabilidades administrativas, civiles, económicas, penales para quienes violaron el debido proceso.

Habría que mirar hacia quien en esa época fue procurador general de la República, de quien dependía (Genaro García Luna) el director de la Agencia Federal de Investigación (AFI); se debe seguir esa cadena y ver quién ejecutó (el montaje televisivo del arresto de la banda de secuestradores en la que se involucró a Cassez) pero también quién lo ordenó, dijo Sepúlveda.

–¿Es necesario llamar a cuentas a los ex funcionarios involucrados?

–Sí, a todos los que intervinieron, hasta el más alto nivel, porque de lo que se trata aquí es generar un precedente positivo, el cual es que llevemos el debido proceso hasta sus últimas consecuencias.

En situaciones como esta, señaló Edgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), difícilmente se puede acreditar la responsabilidad de una persona en un hecho ilícito. El desaseo en las acciones de las autoridades provoca suspicacias y dudas, y al final se violan los derechos de víctimas y acusados.

Al respecto, Adrián Ramírez, de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), señaló que a causa de la corrupción en el sistema de justicia, que busca culpables mediante la tortura, la manipulación de las víctimas y el espectáculo mediático, ocurren hechos que no hacen más que demeritarlo aún más.

Eso es lo que ocurrió con el caso de Cassez, quien sentenciada a 60 años de prisión por su responsabilidad en el delito de secuestro, obtuvo su libertad inmediata el pasado miércoles. Ramírez aseguró que de una revisión del expediente del caso, encontró una serie de contradicciones, como los cambios que hubo en las declaraciones de una de las víctimas de secuestro, que en un principio no menciona ningún dato o característica que vincule a la ciudadana francesa con la comisión del delito.

México SOS y Alejandro Martí lamentaron que en aras de lograr la justicia y la paz a la que tenemos derecho los mexicanos, ciertos vicios o errores en el proceso den como resultado que presuntos responsables de actos criminales los utilicen para obtener su libertad y regresen a las calles a seguir lacerando y violentando nuestra paz. Esta situación, además, burla la justicia, los derechos y el dolor de las víctimas.

Alto al Secuestro, que dirige Isabel Miranda de Wallace, cuestionó el resolutivo, pues sostuvo que debió ordenar la reposición del proceso para subsanar las fallas, en lugar de liberar a una secuestradora. Las víctimas son los grandes perdedores.