La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cumplió con su deber en estricto apego a la Constitución y para la protección de los derechos fundamentales de todos: de víctimas y acusados en el caso de Florence Cassez, afirmó la ministra Olga Sánchez Cordero.

En diversas entrevistas resaltó que en ese caso concreto los integrantes de la primera sala de la SCJN únicamente resolvieron si a la persona para la que fue sugerido el amparo se le vulneraron o no sus derechos fundamentales, y no podíamos oficiosamente hacer un pronunciamiento en relación con la actuación de las autoridades, valoramos su actuación, pero dentro de este procedimiento no podemos fincar responsabilidades.

Sánchez Cordero señaló que antes de conocer las posturas de sus compañeros ministros, ella no tenía claro cuál sería el sentido de la votación y tampoco se guió por corrientes de opinión pues, agregó, “es obligación del Estado el respeto a los derechos fundamentales de todas las personas, incluyendo por supuesto a los extranjeros que se encuentren en nuestro país y sujetos a un proceso penal.

“A Florence Cassez se le habían violado gravemente sus derechos a la presunción de inocencia, a la puesta a disposición inmediata al Ministerio Público y su derecho a la defensa, así como la asistencia consular.

“Por lo tanto, en esta violación grave aunada y agravada por la recreación televisada, pues entonces no había más que respeto a estos derechos y al estado de derecho. Esto es lo que un Estado democrático y constitucional es su obligación hacer.

Nosotros (los ministros) no nos regimos por una opinión mayoritaria del público ni de la sociedad; tenemos que cumplir una obligación constitucional y esa es en primer lugar la interpretación de la Constitución y la protección de derechos fundamentales, que es la única razón de ser del Estado.

Puntualizó que la recreación televisiva que se hizo de la supuesta detención en vivo definitivamente influyó. En primer lugar, en la relación a su derecho de puesta a disposición inmediata, de presunción de inocencia y de asistencia consular. Pero algo importante es que no vimos ni analizamos ni tampoco juzgamos la inocencia o la culpabilidad de Cassez.

Aseguró que las víctimas tienen un derecho a la justicia y a la verdad. Y esto sólo se les puede dar si se juzga con un debido proceso.