De forma unánime, los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) aprobaron el dictamen de la unidad de fiscalización relacionado con la queja del Movimiento Progresista por rebase de topes de campaña en la campaña presidencial de la coalición que formaron los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM).

Determinaron que no se acreditó la queja, pero se señaló que deberán computarse 141 millones de pesos entre tres campañas federales: Presidencia, diputados y senadores.

El dictamen fue aprobado a pesar de que los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano demandaron que se devolviera el expediente a la unidad de fiscalización, con el argumento de que fueron deficientes las indagatorias sobre gastos excesivos en transportación aérea, contratación de anuncios espectaculares y en vallas de estadios deportivos y en Internet, entre otros espacios.

Es responsabilidad de la unidad de fiscalización, no de los inconformes, realizar las investigaciones, apuntaron.

Los consejeros electorales cerraron filas para apuntalar lo señalado en el dictamen y reivindicar la investigación. Ésta sí ha sido fructífera porque ha permitido de allegarnos de mayores elementos y redimensionar las cifras que planteó el partido denunciante, señaló el consejero Lorenzo Córdova.

Con base en esa queja no se acreditó el exceso en los gastos, pero al revisarse los informes de campaña presidencial (la semana próxima) se determinará si, más allá de los hechos denunciados por el Movimiento Progresista, hubo se rebasaron los topes.

Las divergencias entre el dictamen y las acusaciones del PRD oscilaban entre 141 millones de pesos que acreditó la unidad de fiscalización (cifra que podría ser incluida en el informe de la coalición que se discutirá la próxima semana) y los 2 mil 400 millones que denunció el quejoso.

El representante del PRD, Camerino Márquez, censuró la parcialidad de la unidad de fiscalización para hacer las indagatorias, al dar por válidas cifras inconsistentes basadas en las facturas presentadas por el tricolor.

Debería investigarse de manera pormenorizada, pues si la elección ya es cosa juzgada, lo importante es que no haya impunidad, pues de lo contrario se estaría encubriendo una campaña ostentosa (con) recursos de procedencia ilícita, que generan la duda fundada de que se trató de lavado de dinero, agregó.

Entre los ejemplos proporcionados por el PRD destaca que se acreditaron contratos de aviones (para transportar reporteros que cubrían la campaña) con facturas de 6 mil pesos o gastos para producción televisiva por un millón 228, que la queja estimaba en 34 millones.

En respuesta, el consejero Alfredo Figueroa señaló que la inclusión de las facturas en el expediente no da por hecho que la unidad de fiscalización avaló lo reportado por el PRI.

No es verdad que a partir de tres facturas se acreditaran 6 mil pesos, pues si se advierte la resolución, la unidad encontró gastos (de transportación aérea) que sumaron un total cercano a los 18 millones de pesos. Ergo, no estamos ante un caso donde la unidad no haya establecido su propia búsqueda respecto a los costos de cada uno de los servicios contratados.

A su vez, el consejero Marco Antonio Baños desestimó las pruebas aportadas por el Movimiento Progresista y citó el caso incluido en la queja según el cual tan sólo en la ciudad de México había 400 espectaculares, pero el quejoso pretende acreditar su denuncia sólo presentando una liga a Google Maps.

Agregó que no es arbitraria la determinación, pues el hecho de que una queja se diga que están involucrados 2 mil 400 o 2 mil 600 millones de pesos no quiere decir en automático que la unidad de fiscalización debe sumárselos a los topes de campaña.

Baños destacó que la unidad de fiscalización acreditó que la coalición Compromiso por México ejerció 141.2 millones de pesos, que al momento de revisar los informes de gastos de campaña se determinará su asignación en las campañas de la coalición (Presidencia y legisladores).

Por otro lado, de la revisión del resto de las quejas, el IFE aprobó sanciones a la coalición por irregularidades menores, que sumaron 2 millones 50 mil pesos al PRI y 1.7 millones al PVEM.