La resolución de la Suprema Corte que ordenó ayer la inmediata libertad de Florence Cassez por considerar que el montaje televisivo sobre su captura vició todo el proceso penal en su contra, pone contra las cuerdas a Genaro García Luna (ex secretario de Seguridad Pública federal y ex titular de la Agencia Federal de Investigación), quien incurrió en abuso de autoridad y debe ser encarcelado y procesado, coincidieron abogados penalistas y constitucionalistas consultados por La Jornada.       

Los juristas festejaron que no se haya aprobado el proyecto de la ministra Olga Sánchez Cordero, quien proponía originalmente desacreditar el dicho de tres víctimas de secuestro, pues eso hubiera beneficiado indirectamente a los coacusados en el caso de Florence Cassez.

Añadieron que tanto la francesa como las víctimas pueden acudir a las instancias internacionales con base en lo que establece la Convención Americana de Derechos Humanos, la primera para demandar y exigir al Estado mexicano la reparación del daño moral, por condenarla con pruebas ilícitas, y las segundas para controvertir la resolución de la Corte mexicana y pedir una orden de aprehensión internacional contra Cassez.

Marco Antonio del Toro, abogado penalista, conocido por defender al líder minero Napoleón Gómez Urrutia, sostuvo que la resolución de la Corte fortalece el principio legal de que toda prueba que sea recabada de manera ilícita en una investigación policiaca debe ser desechada en el juicio.

José Patiño Hurtado, también penalista, coincidió en el sentido de que la francesa puede demandar al Estado mexicano para que la indemnice por los siete años que estuvo en prisión con pruebas manipuladas. García Luna incurrió en abuso de autoridad y puede ser denunciado ante la Procuraduría General de la República para que lo lleven a prisión; además, puede ser demandado a nivel nacional e internacional por parte de Cassez, insistió.

Jorge Reyes Peralta, presidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas, consideró que con la resolución nos queda claro que el rumbo del país en materia jurídica será privilegiar los derechos humanos, el debido proceso y el respeto a los derechos fundamentales de los justiciables. Expuso que siempre expresó que este caso culminaría con una resolución que amparara a la quejosa.