or mayoría de tres votos contra dos, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó ayer la liberación de la ciudadana francesa Florence Cassez –juzgada y sentenciada por secuestro– tras reconocer las irregularidades en que incurrió la autoridad durante su detención, en diciembre de 2005, así como las infracciones de procedimiento cometidas por los agentes del Ministerio Público y jueces en su contra.

Lo que en principio debiera ser visto como algo positivo –el reconocimiento por el máximo tribunal del país de los indudables vicios policiales y judiciales y los atropellos a garantías fundamentales detectados en el caso Cassez– adquiere, en la circunstancia actual, connotaciones preocupantes sobre el estado deplorable que guarda la justicia en el país. En primer lugar, la votación de ayer estuvo precedida por un proceso de deliberación turbio y alambicado en el seno del máximo tribunal, que incluyó dos fallos contradictorios entre sí de los integrantes de la primera sala y se terminó por resolver gracias a un cambio súbito en la postura de la ministra Olga Sánchez Cordero, quien renunció a los resolutivos de su propio proyecto de dictamen –el cual planteaba reponer el juicio a Cassez en un tribunal unitario– y se alineó a la propuesta de otorgarle la liberación inmediata, como proponía el proyecto original del ministro Arturo Zaldívar, discutido y rechazado en marzo del año pasado. No menos inquietante es que este viraje mostrado entre los integrantes del máximo tribunal coincida con el cambio de siglas y colores en la Presidencia de la República.

Por lo demás, y sin desconocer que el conjunto de la causa judicial contra Cassez estuvo contaminado de origen por los vicios observados desde el momento de su detención, lo procedente habría sido la reposición del proceso correspondiente –como planteó originalmente la ministra Sánchez Cordero–, a efecto de esclarecer a cabalidad su participación o no en los delitos que se le imputan, cuya existencia es tan indudable como los atropellos cometidos en su contra. En cambio, con la decisión de otorgar una liberación lisa y llana a la ciudadana francesa, la SCJN abona a la impunidad y lesiona el derecho de las víctimas a la justicia: llevada al extremo, la lógica de los integrantes de la primera sala podría conducir a la liberación de los cómplices de Florence Cassez, en la medida en que éstos, según la información disponible, también padecieron atropellos a sus garantías individuales y al debido proceso.

Más aún: en un sistema de justicia caracterizado por la violación sistemática a los derechos humanos, por la fabricación de culpables y por la alteración de pruebas y testimonios de la autoridad, el Poder Judicial podría exonerar, con argumentos similares a los empleados ayer por los ministros de la SCJN, a la mayor parte de la población penitenciaria del país.

A las miserias judiciales exhibidas por el fallo del máximo tribunal en el caso Cassez debe sumarse la impunidad que persiste para funcionarios como Genaro García Luna y Daniel Cabeza de Vaca –titulares de la desaparecida AFI y de la PGR, respectivamente, en el momento de la detención de Cassez–, quienes, en connivencia con las televisoras, realizaron un montaje en el que se presentaba la captura de Cassez como si se realizara en tiempo real. No menos grave es la responsabilidad, así sea política, de Vicente Fox y Felipe Calderón, cuyos gobiernos incurrieron en un encubrimiento y un desaseo inadmisibles en torno a los vicios que imperaron en el proceso contra la ciudadana francesa, actitudes que, en el caso del político michoacano, llevaron al país a una crisis diplomática con Francia y a episodios de intromisión y presión indebida del Poder Ejecutivo sobre el Judicial.

Ahora, esa cadena de negligencias y atropellos que se inició con la detención irregular de Cassez y sus presuntos cómplices culmina con un fallo cuestionable que mina los cimientos de la legalidad, que exculpa a una ciudadana extranjera sentenciada en tres instancias judiciales y que, al eludir la búsqueda de la verdad jurídica del caso por parte del máximo tribunal, equivale a una renuncia del Estado a impartir justicia y a una autodescalificación rotunda de las instituciones encargadas de salvaguardar el estado de derecho.