El dictamen distribuido por la Unidad de Fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE) sobre el presunto financiamiento ilícito de la campaña presidencial de la coalición formada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM) es complaciente y preocupante, porque no indagó en las operaciones paralelas irregulares que se realizaron en esa campaña. Si los consejeros avalan este dictamen, estamos encontrando una forma de evadir el reporte del origen y destino de los recursos, advirtió el panista Rogelio Carbajal.

Las quejas relacionadas con este financiamiento y que involucran, entre otras empresas a Banca Monex, Atama, Alkino y Grupo Inizzio, provocaron que el Partido Acción Nacional (PAN) solicitara formalmente a la secretaría ejecutiva documentación vinculada al caso: Copia de los contratos celebrados entre el PRI y la empresa Alkino Servicios y Calidad; relación individualizada y pormenorizada de las tarjetas utilizadas por el PRI, así como las que fueron objeto de la investigación con los montos que en cada una se depositaron, especificando las fechas de disposición de los recursos; copia de las declaraciones fiscales correspondientes al ejercicio 2011 de las empresas Alkino, Comercializadora Atama y Grupo Comercial Inizzio; copia de los documentos que acreditan el pago de las obligaciones fiscales del PRI con respecto a contratos laborales asimilables a salarios.

Tanto en el PAN como en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el documento elaborado por el área que encabeza Alfredo Cristalinas desató sospechas e indignación, porque la información central de la queja presentada se conocía 48 horas después de presentarse el recursos y no puede ser que siete meses después nos diga lo mismo que sabíamos entonces.

Según el dictamen, el PRI pagó 5.9 millones de pesos de intereses a Alkino por concepto del crédito de 66 millones de pesos que a su vez, fueron fondeados por Comercializadora Atama, lo que supone una tasa de interés de 3 por ciento mensual, la cual es inusual en el mercado.

En el dictamen se hace referencia al vínculo de otras empresas como Koleos y Grupo Empresarial Tiguan, que igualmente realizaron transacciones ligadas a la operación de la cuenta en Monex, justificando las operaciones para exculpar al PRI de toda responsabilidad, pues, según las indagatorias, no tenían vínculo directo con el partido.

Incluso, en el caso del Grupo Comercial Inizzio, cuyo domicilio fiscal era inexistente, según se desprende de la queja, la Unidad de Fiscalización sencillamente no dice absolutamente nada. Para el PAN es claro que la investigación es altamente deficiente y rompe con los parámetros, incluso, del reglamento de fiscalización para acreditar ingreso y gasto, pues en el entramado están vinculados tres empresas más que originalmente contrató el PRI, más otras tres empresas y otras tantas personas físicas (entre ellas Gabino Fraga, vinculado directamente con el PRI) que habrían aportado en esa compleja operación.

“No es posible que una empresa de carácter mercantil (Alkino), cuyo objeto social no tiene nada que ver con préstamos de dinero, se haya constituido en prestamista. Estamos hablando de una empresa que le presta servicios al PRI y a su vez le financia 66 millones de pesos a una tasa de interés que nada tiene que ver con las tasas bancarias.

A partir de eso hay un ingreso indebido, porque la tasa de interés es sustancialmente menor a la que se puede encontrar en el mercado. Han pagado de intereses 5.9 millones de pesos y el último pago se hizo la semana pasada. Ningún banco cobra por esa cantidad de dinero una tasa de interés tan baja, ni se espera dos meses y medio para cobrar el primer pago de interés, que fue liquidado el 16 de julio, curiosamente fecha en la que por primera vez el ex dirigente del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, acepta que sí utilizaron empresas.

Para el representante del PAN ante el IFE la investigación de Cristalinas deja mucho que desear, tiene muchas inconsistencias y debe explicar el porqué del retardo en la resolución de la queja, que es francamente inexplicable a la luz de los resultados presentados en el dictamen. Se trata de un documento, agregó, que hace omisión de todas las irregularidades en los reportes de gastos, tan solo los relacionados con el caso Monex.

Carbajal subrayó sobre el dictamen de la Unidad de Fiscalización y la inexistencia de irregularidades y, por tanto, de sanciones: debe haber penas por este entramado de aportaciones ilícitas de empresas que no se dedican a prestar dinero porque se trata de un financiamiento paralelo; debe haber sanción porque no se reportó; una más porque el origen y el destino de los recursos no está claro; debe haber sanción porque los recursos ejercidos en campañas deben salir de cuentas bancarias operadas por el PRI, y no salieron de ahí.

El panista concluyó que el dictamen complaciente del IFE trata de justificar un financiamiento ilícito evidente desde las empresas involucradas, el tipo de operación crediticia y la ausencia de un reporte acorde con las reglas de fiscalización dictadas por el instituto.