Las personas detenidas el pasado primero de diciembre, en el contexto de la asunción a la Presidencia de Enrique Peña Nieto, respondieron al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y negaron que la excarcelación de los últimos 14 sea un acto de impunidad y un atentado al estado de derecho, como afirmó hace unos días la cúpula empresarial.

En un video difundido a través del canal YouTube, algunos de los detenidos durante las protestas contra la toma de posesión de Peña Nieto sostienen que el CCE sabe con certeza que sus establecimientos están asegurados y protegidos contra daños materiales, pero nosotros desconocemos quién reparará los daños causados contra nuestra integridad física y emocional. ¿Quién reparará nuestras vidas?

Cuestionan a los representantes del empresariado: “¿Cómo –desde su perspectiva– se debe sancionar a los últimos 14 liberados, si somos completamente inocentes?”

A finales de diciembre, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) modificó el artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal y eliminó el carácter de grave al delito de ataques a la paz pública, del que fueron acusados los detenidos por los hechos del primero de diciembre. Esas reformas permitieron que las 14 personas que continuaban presas obtuvieran la libertad bajo fianza, aunque siguen bajo proceso judicial.

En la segunda semana de enero, el CCE emitió un comunicado en el que calificó esa decisión de burla al estado de derecho, consideró que la liberación de los 14 detenidos acentuaba la impunidad, que es el mayor problema que enfrenta el país, y demandó a las autoridades capitalinas aplicar la ley por los disturbios de aquel día.

“Nosotros, los detenidos del primero de diciembre, coincidimos en que las violaciones al estado de derecho son el mayor problema que enfrenta México. Pero discrepamos totalmente que la liberación de los 14 sea una muestra de impunidad.

Estas personas son a su vez padres, hermanos, amigos, trabajadores y estudiantes, y se ven obligados a enfrentar un proceso jurídico a todas luces arbitrario, plagado de inconsistencias, como la ausencia de flagrancia en las detenciones, abusos de poder y violaciones a sus derechos humanos.

En el material audiovisual –que puede ser consultado en youtube.com/watch?v=OFfI_9wsIq8— participan varios de los detenidos el primero de diciembre, muchos de ellos liberados varios días después al no haber elementos que probaran su participación en los delitos que les imputaban.

“Nosotros, al igual que ustedes del CCE, nos preguntamos: ¿Es así como nuestras autoridades del ámbito local y federal pretenden que se mantenga la ciudad de México en una convivencia pacífica entre sus ciudadanos? ¿Es a través de estas acciones como se pretende impulsar el estado de derecho en el Distrito Federal y demás estados? ¿Quién pagará los daños materiales y no materiales que sufrimos nosotros y todos los demás que fueron afectados directa o indirectamente ese día?

¿Cuál es el estado de derecho con el que ustedes están a favor? ¿Cuál es el criterio que ustedes emplean para diferenciar claramente a los inocentes de los culpables?

Quienes aparecen en el video aseguran que los hechos ocurridos el primero de diciembre van más allá de ser una burla al estado de derecho, como afirma el CCE. En realidad, son una clara criminalización a la libertad de expresión, manifestación y libre tránsito.

Asimismo, hicieron un llamado a la sociedad a no dejarse intimidar y no guardar silencio ante las arbitariedades que sufrieron y han sufrido decenas de personas desde el momento de su detención a la fecha, y demandaron a los integrantes de la ALDF que deroguen el artículo 362 del Código Penal.