La iniciativa de reforma al artículo primero constitucional, dada a conocer por el diputado Francisco Arroyo Vieyra y retomada por sus compañeros del PRI –para dar preferencia a la Carta Magna en caso de cualquier conflicto de interpretación con algún tratado internacional– significa un intento por restringir las libertades básicas de los ciudadanos y favorecer las tendencias más autoritarias del gobierno, alertaron organizaciones civiles.

En conferencia de prensa, dieron a conocer una carta –que enviarán a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados–, mediante la cual exigen que la propuesta de Arroyo sea desechada o que se vote en contra, porque representa un ataque contra de los avances de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011.

Las más de 70 organizaciones que firman la misiva –entre otras, la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh)– manifestaron su preocupación porque algunos diputados han anunciado su intención de retomar el proyecto de Arroyo, a pesar de que éste anunció que ya no lo impulsaría ante las críticas que generó.

Los colectivos señalaron que el supuesto riesgo de que exista demasiada apertura en la interpretación de un hecho jurídico al tener dos referentes para abordarlo –la Constitución y los convenios internacionales– es un argumento falso.

Un ejemplo de ello es la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso del luchador social Rosendo Radilla, en la cual se se establece que los jueces podrán aplicar la norma que más beneficie a la persona (conocida como principio pro homine) sin importar si ésta forma parte de la Carta Magna o de algún tratado internacional.

Además, recordaron, es la propia Constitución mexicana la que establece los términos bajo los cuales una ley internacional puede ser incorporada o no al marco jurídico del país, con la vigilancia del Poder Ejecutivo y el Senado de la República.

Por todo ello, solicitaron que la propuesta de Arroyo Vieyra sea totalmente desechada y que se reorienten los esfuerzos legislativos para profundizar la reforma constitucional en materia de derechos humanos.

José Rosario Marroquín, director del Prodh, advirtió que modificar el párrafo segundo del artículo primero de la Carta Magna podría facilitar que los grupos más autoritarios del gobierno violen los derechos humanos de la población. Más que el plan personal de un diputado, esto forma parte de una tendencia del Estado para restringir las libertades, apuntó.

Rocío Culebro, directora ejecutiva del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, lamentó que el nuevo gobierno envíe mensajes encontrados al aprobar la Ley General de Víctimas y al mismo tiempo atacar la reforma constitucional de derechos humanos. Queremos saber las verdaderas razones detrás de esta iniciativa y quién la está impulsando, recalcó.