Un tribunal federal cerró en definitiva el caso en el que la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó órdenes de aprehensión en contra de los jueces Martín Santos Pérez y Osvaldo López García, bajo el argumento de que no cometieron delito alguno cuando negaron cateos contra los inmuebles del ex juez Efraín Cázares, quien fue responsable de resolver el llamado michoacanazo, revelaron fuentes judiciales y jurídicas cercanas al caso.

Los juzgadores analizan la posibilidad de interponer una demanda civil contra la PGR para buscar la reparación del daño moral que ocasionó la dependencia a su nombre y a su prestigio, por imputarles presuntas responsabilidades penales mediante pruebas insostenibles, añadieron los informantes.

La resolución fue emitida por el primer tribunal unitario penal del Distrito Federal, que dirige el magistrado Manuel Bárcena Villanueva.

A los titulares de los juzgados segundo y cuarto de distrito especializado en medidas cautelares, la PGR los acusó de quebrantamiento del sigilo y obstaculización de la investigación de un hecho delictuoso o favorecer que un inculpado se sustraiga a la acción de la justicia.

Este último ilícito es grave, por lo que de haber procedido la orden de aprehensión, habría significado para los juzgadores la posibilidad de ir a prisión.

La consignación de la indagatoria contra los impartidores de justicia ocurrió como parte de un diferendo entre la PGR y el Poder Judicial Federal, que tuvo lugar a finales de la administración del presidente Felipe Calderón y que incluyó solicitudes de cateo contra instalaciones de juzgados en Veracruz.

Las acusaciones contra los jueces Santos Pérez, López García y sus respectivos secretarios de acuerdos se iniciaron luego de que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) pidió catear inmuebles relacionados con Efraín Cázares López, pero los dos jueces se negaron a conceder esos permisos.

Efraín Cázares, cuando se desempeñó como juez federal en Michoacán, liberó a buena parte de los implicados en el caso conocido como el michoacanazo y concedió la suspensión provisional que permitió que Julio César Godoy, en ese momento prófugo por un delito grave, asumiera como diputado federal.

La subprocuraduría de la PGR, en ese entonces a cargo de Cuitláhuac Salinas, pidió la captura de los juzgadores y sus secretarios, con base en la averiguación PGR/SIEDO/UEIARV/ 052/2012, pero Ricardo Delgado Quiroz, juez tercero de distrito en el Reclusorio Norte, negó las órdenes de aprehensión en primera instancia.

En caso de que los jueces de cateos decidan demandar a la PGR, lo más probable es que soliciten un monto económico por concepto de indemnización para reparar el daño moral, pero la última palabra sobre cantidades de indemnización la tendrán los jueces en materia civil.