La campaña contra el hambre emprendida ayer por el gobierno federal es un primer buen esfuerzo, pero habrá que estar pendientes de que no se trate sólo de un programa asistencialista, aseguró Adolfo Sánchez Almanza, integrante del Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El investigador indicó que en México hay –de acuerdo con cifras oficiales– 20 millones de personas en pobreza alimentaria, por lo que se debe vigilar que los apoyos y estrategias del programa lleguen a las comunidades y que el proyecto gubernamental dé opciones de desarrollo a la población y no sólo sean dádivas del gobierno.

No debe ser una propuesta de tipo asistencial, remarcó, sino debe acompañarse de medidas que ataquen las causas de la pobreza. Y alertó que no sólo hay pobres en las zonas rurales del país, sino también en zonas urbanas, sitios donde también es necesaria la atención.

Eso pasa por vincular la estrategia con derechos como el de la alimentación, pero también a la educación, a la salud, a la vivienda, al empleo. Si se logra un verdadero desarrollo que cumpla con ofrecer opciones productivas a la población, entonces reducimos la posibilidad de usos clientelares y políticos de este derecho constitucional y que deriva de los pactos internacionales firmados por México.

Sin embargo, subrayó, no sólo se debe atender a esos 20 millones de mexicanos en pobreza alimentaria. No es la única pobreza, la hay de capacidades o de patrimonio, y también existe población que no tiene cubiertos sus derechos en educación, salud, vivienda y empleo. Esas necesidades también hay que resolverlas.

Por separado, Silvano Aureoles, coordinador de los diputados perredistas, confió en que la Cruzada contra el Hambre no sea un anuncio espectacular de los que hacen todos los gobiernos cuando empiezan, que sienten que están descubriendo el hilo negro, que van a cambiar el mundo, y resulta ser el mismo gato, nada más que revolcado.

En entrevista, destacó que los programas asistenciales no modifican la condición de pobreza de la gente y dijo que se trata de un esquema similar a los que se han emprendido en otros sexenios, desde Ernesto Zedillo, aunque la diferencia es que 18 años después el número de pobres extremos aumentó en casi 10 millones.

El legislador aseguró que hace unas semanas personalmente dijo a Enrique Peña Nieto que habría que revisar los programas sociales para ver si están funcionando. Me respondió que sí, pero hay que ver si efectivamente ese ofrecimiento se concreta.

A su vez, el vicepresidente de la mesa directiva en la Cámara de Diputados, José González Morfín (PAN), dijo esperar que la Cruzada Nacional contra el Hambre y la Pobreza Extrema no sea nada más discurso, ojalá sea un programa serio que vaya al fondo de las causas que generaron tanta miseria en el país. Confió en que el Partido Revolucionario Institucional no trate de sacar raja electoral del programa e indicó que desde el Congreso estaremos muy vigilantes de que esto no suceda.

Finalmente, el secretario general de la Unión General Obrera, Campesina y Popular, Luis Gómez Garay, sostuvo que la mencionada iniciativa gubernamental deberá acompañarse de estrategias que reactiven la economía del sector rural y fomenten el desarrollo de la micro y pequeña empresas.