En la actualidad hay unos 220 conflictos ambientales activos que involucran de manera directa a comunidades, barrios urbanos populares y organizaciones sociales de todo el país y a miles de personas. Nunca, como ahora, se habían desatado de manera simultánea tantos problemas sociales por el acceso al agua en tanto lugares, señala la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA).

Afirma que obras hidráulicas, vías generales de comunicacionesn y oleoductos han generado conflictos ambientales debido a la ausencia de la manifestación de impacto ambiental (MIA) –que solicita la autoridad en el rubro para dar luz verde a esas obras–, falsedad de información en ésta o falta de consulta pública.

En el análisis Devastación ambiental y derechos de los pueblos, advierte que la nueva conflictividad social en México tiene como base el impacto consumado o la inminencia del riesgo de deterioro o degradación de por lo menos uno de los componentes físico, químico, biológico o energético del medio ambiente que posibilita la reproducción de la vida social en un territorio específico y que al mismo tiempo le da rasgos identitarios a la comunidad asentada en ese lugar.

Algunos de los conflictos socioambientales recopilados por el Observatorio Socioambiental de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la ANAA son La Parota, en Guerrero; presas como El Zapotillo y Arcediano, Jalisco; Paso de la Reina, Oaxaca; el acueducto Independencia, Sonora; presa Picachos, Sinaloa; Sistema Lerma-Chapala, estado de México y Distrito Federal; libramiento norte y libramiento surponiente de Puebla, y las carreteras Naucalpan-Toluca, Lerma-Tres Marías, en estado de México y Morelos, así como la supervía Poniente, en el DF.

Desplazamiento de personas

La ANAA explica que este auge de obras se da en un contexto de reducción de la disponibilidad natural media per cápita de agua, la cual cayó de 17 mil 742 metros cúbicos por habitante al año en 1950 a 4 mil 288 metros cúbicos, lo cual representa 75 por ciento menos. Esto, precisa, no se debe sólo al aumento de la población, sino también al modo en que las políticas públicas del Estado han propiciado el uso del líquido en los espacios urbanos y rurales y a los cambios en la estructura económica del país.

Así es que se privilegia el consumo productivo del agua disponible para la industria y el crecimiento de la infraestructura energética, eléctrica, transporte y comunicaciones que facilita la movilidad de la industria y favorece el modelo exportador, en lugar de dar prioridad a la soberanía alimentaria, laboral, productiva y ambiental, agrega.

La ANAA advierte que las políticas económicas y demográficas del país, no sólo han promovido la concentración de la población y de la industria en espacios urbanos, sino también han favorecido un uso perverso de las aguas superficiales y subterráneas.

En las zonas urbanas se ha llegado a grados de sobrexplotación de los acuíferos y los cuerpos de agua superficiales frecuentemente son usados como drenajes y basureros.

Ante la gravedad de la situación y de la caída continua de la disponibilidad de agua para el consumo humano, el gobierno, en vez de promover acciones tendientes a frenar el dispendio, la escasez y la contaminación sólo atina a reforzar esta dinámica mediante la promoción de proyectos de construcción de infraestructuras.

Señala que los megaproyectos de abasto de agua potable, de tratamiento de aguas residuales y de falso saneamiento integral se basan en la edificación de grandes obras para el trasvase de aguas rurales hacia las ciudades, en la construcción de represas hidroeléctricas, modificación de cauces y plantas de tratamiento de aguas residuales, que implican el desplazamiento forzoso de innumerables poblaciones campesinas e indígenas hacia las ciudades o hacia Estados Unidos y estimulan el estallido de conflictos socio ambientales con las comunidades que se resisten a abandonar sus lugares de origen y a padecer un progresivo deterioro de sus condiciones de vida y de salud.