l gobierno quiere alterar las condiciones del acceso al crédito, en particular y según lo expuesto hasta ahora por Hacienda y el recientemente creado Instituto Nacional del Emprendedor, para las pequeñas y medianas empresas. Este propósito tiene que contraponerse de entrada con lo que puede llamarse la arquitectura del sistema financiero del país.
Dicha arquitectura se ha ido conformando desde las crisis de 1982 y de 1994, que abarcaron la nacionalización de los bancos y, luego, su privatización con una presencia predominante de empresas extranjeras. Asimismo, desde la década de 2000 se han creado nuevos bancos y existen hoy instituciones de distinto carácter legal que atienden diversos segmentos en el mercado financiero.
Existen otros vehículos como las sociedades de inversión y los mercados de capitales, que todavía están poco desarrollados para una economía de este tamaño. Y hay actores nuevos como las Afore, que captan la mayor parte del ahorro que se genera, pero que lo dispersan en condiciones aún restrictivas. Además, deben cumplir con criterios que salvaguarden el valor del ahorro de los trabajadores y garanticen las futuras pensiones. En todo caso, el crédito al sector privado representa aquí apenas 22 por ciento del PIB, mientras en Corea, por ejemplo, es de 116 por ciento.
La regulación, que es un componente esencial del sistema, ha seguido más que anticipado estos desenvolvimientos, así que requiere aún de ajustes relevantes para ordenar el funcionamiento del mercado.
La estructura y el diseño existentes no responden a una estrategia y una planeación del proceso de crecimiento económico, sino que se ha ido haciendo con medidas y decisiones que no necesariamente embonan para que el financiamiento sea eficiente y repercuta de modo favorable en la expansión del producto y del empleo. A eso se enfrentan los nuevos responsables de la conducción de la economía.
Esta cuestión incluye, también, a la banca de desarrollo que desde hace mucho tiempo participa de modo cada vez menos significativo en la asignación de los recursos para la inversión. Las instituciones de este sector se han retraído como una parte integral de las políticas para el desarrollo, de modo congruente como los principios neoliberales aplicados desde finales de la década de 1980. La cartera de crédito cayó de 16.5 por ciento del PIB en 1995 a menos de 3 por ciento en la actualidad. Está pendiente una nueva ley para estos bancos.
La relación entre los instrumentos de carácter público y privado para financiar la producción tiene que ser replanteada y es de esperar que ahora sí, con una visión más integrada en términos temporales, espaciales y sectoriales así como para la atención de distintos grupos de la población.
Uno de los rasgos que inciden de modo relevante en el mercado y en el uso de los recursos financieros es que buena parte se destina a financiar al gobierno mediante la deuda pública. Así que esta distorsión no puede eludirse a la hora de replantear el tema general del crédito. Hay un efecto adverso de las condiciones de la gestión fiscal sobre el financiamiento al sector privado. El financiamiento total en el país representa 77 por ciento del PIB y de esa cantidad, 35 por ciento corresponde a la emisión de deuda pública.
Ampliar el acceso y reducir el costo del crédito para las pymes requiere una atención integral del sistema financiero. El crédito, por su naturaleza, es un acto discriminatorio pues está basado en el riesgo. El que presta decide, según distintos criterios, a quién lo hace y en qué condiciones de precio, plazo y garantías.
Eso se aplica tanto para las instituciones privadas como las públicas aunque los criterios sean distintos. El crédito no puede destinarse a fondo perdido, para esos hay otros instrumentos y, tampoco debe confundirse con los subsidios que tienen que ser explícitos para contabilizar el costo y beneficio que generan. Por supuesto que las tentaciones políticas deben quedar fuera de los mecanismos crediticios.
Puesto que los créditos representan una obligación contractual, tiene que haber los mecanismos legales para hacerlos efectivos. Así que la estructura legal es una parte básica del sistema de financiamiento, una vez más, sea privado o público.
Las políticas públicas para ampliar el acceso al crédito y rebajar su costo enfrentan, pues, condiciones de índole institucional, aspectos estructurales de la conformación de los mercados y un entorno legal y regulatorio con limitaciones operativas. Más regulación no es por necesidad la mejor opción para ampliar el crédito.
El crédito es un producto más en el mercado, su precio es la tasa de interés. La fijación de ese precio está basada en las condiciones de la competencia, en la eficiencia de las empresas que participan y las características de los segmentos del mercado que se atienden. Ese es el problema primordial en el sistema financiero de México. Pero fijar los precios desde el gobierno puede incluso provocar mayores distorsiones y hacer que los resultados sean contrarios a los propuestos: menos crédito e incluso a precios más elevados.
Por otro lado, las pymes son un enorme conjunto de empresas con una diversidad muy grande. No parece adecuado un tratamiento genérico de ellas, tal vez por eso el enfoque del gobierno sea en las que están en el sector manufacturero y aquellas que generen empleo. Las medidas encaminadas a mejorar la condiciones del financiamiento son claves para alentar un crecimiento más articulado de la economía y para reducir la enorme desigualdad del ingreso.
