n aplicación de la ortodoxia neoliberal que preconiza el principio de dejar hacer, dejar pasar, el gobierno federal ha anunciado en días recientes que no se emprenderá rescate alguno de los estados y municipios que han incurrido en sobrendeudamiento e incluso en incumplimiento de pagos en los últimos meses. En la lógica de la administración encabezada por Enrique Peña Nieto, un salvamento semejante equivaldría a premiar el manejo irresponsable de las finanzas públicas y sentaría un mal precedente para casos similares en el futuro.

Ciertamente, la conducción de la deuda pública por parte de varios gobiernos estatales y municipales en los últimos seis años (periodo en que el indicador correspondiente creció en casi 150 por ciento) dista de haberse efectuado, en muchos casos, con plena transparencia y responsabilidad. La postura del gobierno federal, sin embargo, resulta sumamente reduccionista de cara a una problemática comparable en magnitud al desfalco del Fobaproa, y que podría derivar en una nueva amenaza para el desarrollo y las finanzas nacionales.

Hay, por principio de cuentas, numerosos factores que confluyen en la proliferación del sobrendeudamiento estatal y municipal, que van mucho más allá de la simple irresponsabilidad de los gobernadores y los ediles. De acuerdo con un estudio elaborado por la firma Standard and Poor’s, algunos de esos elementos causales son la falta de directrices eficientes en materia de transparencia, la escasa planeación financiera y la falta de una política formal de deuda y liquidez. Por su parte, el senador perredista Mario Delgado añadió a esa lista las secuelas de la crisis económica de 2008 –la cual, cabe recordar, fue desastrosamente manejada por la administración federal en turno– y las modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal, que cambiaron la fórmula de distribución de las participaciones federales y afectaron severamente las finanzas de algunas entidades y ayuntamientos.

En tales condiciones, las autoridades tienen la obligación de enfrentar el problema con la seriedad debida, atendiendo sus causas y sus posibles consecuencias, y es posible que un rescate a costa del erario, así sea sólo para algunos de los municipios en problemas, resulte inevitable. En todo caso, una obligación fundamental de las autoridades federales y del Poder Legislativo es emprender una investigación contable exhaustiva en la que se establezca qué parte de los faltantes financieros fue empleada en forma legal y qué porcentaje fue ejercido de manera irregular; una pesquisa judicial que determine las responsabilidades administrativas o penales de diversos funcionarios, y sanciones a entidades financieras que pudieron haber otorgado créditos en forma poco escrupulosa a los gobiernos con dificultades.

Por otra parte, no puede pasarse por alto que el grueso de las deudas contraídas por las administraciones de estados y municipios se acentúa en los años previos a los periodos de transición gubernamental y en tiempos electorales, en los que suele proliferar el reparto masivo de dinero y bienes en especie a gran escala entre los votantes, y el repunte de la inversión en programas sociales de claro tinte electorero, tanto federales como locales. Investigar la posible conexión entre el endeudamiento de los estados y las campañas proselitistas resulta, pues, impostergable.

Finalmente, esa crisis de endeudamiento tendría que encender los focos de alarma respecto del crecimiento desmedido en los débitos del sector público federal, no sólo porque han crecido a un ritmo equiparable al de los otros dos niveles de gobierno, sino porque representan una afectación mucho más severa a las finanzas de la nación: baste señalar que mientras la deuda de estados y municipios equivale a poco más de 3 por ciento del PIB, la deuda pública federal representa 35 por ciento. La corrección de esa tendencia, el esclarecimiento de las razones que llevaron al país a semejante ritmo de endeudamiento y la aplicación de las sanciones civiles o penales a que haya lugar son tareas ineludibles si lo que se quiere es concretar un avance verosímil y sustanicial en materia de transparencia y rendición de cuentas.