San Luis Potosí

Trasnacionales de la electricidad en comunidades indígenas

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Jessica Itzel Contreras Vargas

La presencia de Productores Independientes de Energía (PIE) ha aumentado desde la modificación a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en 1993, la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el impulso a la iniciativa de reforma energética en materia de petróleo e hidrocarburos de 2008. Según la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Federal de Electricidad en el año 2010 pagó a PIE cerca de 143 mil millones de pesos, cifra que para el 2011 ascendió a 168 mil 789 millones. Estos montos representan una serie de negocios que dejan importantes ganancias a las empresas extranjeras involucradas.

De las 24 plantas que hay en el país a cargo de PIE, nueve están en la Huasteca. Son empresas como Iberdrola y Mitsubishi las de mayor expansión. Su presencia en la región responde a negocios que buscan aumentar ganancias económicas, olvidando aspectos sociales y culturales de los pueblos que son involucrados en la ejecución de Proyectos de Infraestructura Eléctrica.

La construcción de este tipo de obras en pueblos indígenas ha generado diversas problemáticas dentro de la dinámica social y cultural de los mismos, dado que no se tiene conocimiento ni respeto sobre cómo estas poblaciones viven entre sí y con su entorno. En el caso de los nahuas de Cuixcuatitla, la Central de Ciclo Combinado Tamazunchale 1 (CCC-T1) configuró un escenario de confrontaciones, sobre todo en lo referente a su forma de organización social, ya que se implantó un orden de convivencia diferente con su territorio, pues afectaron tierras de cultivo por el paso de un gasoducto.

Además, el uso de un discurso sobre “trabajo y progreso” por parte de empresarios y funcionarios de los tres niveles de gobierno, generó en los habitantes una serie de expectativas sobre el bienestar familiar; les dijeron que “se tendría trabajo en la comunidad, por lo mismo se esperaba el retorno de familiares migrantes”. Tal información no fue específica en cuanto al tiempo en que se podría ser contratado, y conforme avanzaban las obras, los trabajadores de la región y de otras partes del país fueron despedidos, al final sólo se necesitó mano de obra especializada. El periodo de “jale” no fue suficiente, según los pobladores, y las oportunidades de tener un beneficio económico por la obra disminuían al paso de la construcción, siendo esto una de las principales decepciones.

Trabajar en la obra del proyecto tampoco fue fácil, pues hubo contrariedades en cuanto a las formas de organización laboral. Se trataba de dos formas de trabajo que no siempre correspondieron con las formas de organización social, por un lado el trabajo asalariado e individual y por el otro un trabajo colectivo sin horarios ni exigencias determinadas por “códigos ni leyes de trabajo”. Esto provocó entre contratistas y trabajadores varias quejas y demandas laborales que tenían un trasfondo cultural. Por ejemplo, un habitante comentó: “no dejaron siquiera pedirle permiso a la tierra o al agua para que no se enojaran cuando la estaban revolviendo”. Esta era la explicación que los trabajadores locales tenían con respecto a los accidentes que padecieron algunos empleados de la obra. Para los contratistas no era válido y lo único que se debía hacer “era cumplir con los horarios y reglamentos que exigía la ley del trabajo, pues ésta así era y ellos no la habían inventado”, lo demás desde su perspectiva no tenía importancia. También hubo quejas por falta de pago de horas extras y por incumplimiento de acuerdos referentes a servicios de comedor, transporte, horarios de almuerzo, entre otros.

Este tipo de situaciones coexistían con una serie de faltas a las faenas y a las normas de convivencia local, había más de dos mil trabajadores foráneos que no conocían las reglas de la localidad. Aumentaron las peleas, demandas y quejas no sólo en contra de los de “afuera”, también de los mismos de Cuixcuatitla quienes pensaban “que por tener dinero con eso podían resolver los problemas, se les hacía fácil pagar, todo lo querían arreglar con dinero”. Las corruptelas aumentaron y el dinero poco a poco fue tomando mayor relevancia con respecto a las formas de atención y proceso de resolución de conflictos en el ejido, afectando las formas de organización local.

A más de cuatro años de que se inauguró la CCC-T1, las opiniones respecto al impacto que dejó la obra coinciden en que fue un proyecto que benefició sólo a los “ricos españoles”. Otros ejidatarios opinan que incitó la afectación de tierras y problemas de convivencia. Sin embargo, reconocen que este tipo de eventos permitió que “algunos”, quienes aún tienen algún apego a la tierra, reconozcan la importancia de seguir viviendo en comunidad. Otros, como los migrantes y jóvenes sin tierra opinan que la central dio la oportunidad de sacar dinero, ya sea como trabajadores o con la renta de solares, “el que quiso aprovechó, el que no, se lo tomó todo y perjudicó al ejido”. La controversia entre generaciones aún persiste, pero la labor de las autoridades ejidales ha sido demostrar que mantener su organización comunitaria permite hacer frente a este tipo de proyectos, que como sucedió en Cuixcuatitla, tienden a minimizar e ignorar las prácticas culturales de los pueblos que se ven inmersos en Proyectos de Infraestructura Eléctrica.

San Luis Potosí

El conflicto socioambiental
en Cerro de San Pedro

Mario Martínez Ramos, Héctor David Covarrubias Rendón,
Carlos Covarrubias Rendón y Tonatiuh Hernández Correa

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La construcción del territorio y del desarrollo, por parte del capital y los pueblos en la zona conocida como Cerro de San Pedro, área metropolitana de la capital de San Luis Potosí, se podría comprender bajo una serie de tensiones y disputas entre el espacio lineal, universalizante y el lugar, compenetrado de diversidad, de localidad, atravesados por la corta y larga duración histórica.

Estas tensiones –que pudieran partir desde el descubrimiento del mineral en el Cerro de San Pedro en 1592, o incluso antes- son subyacentes a las geografías semidesérticas y están inscritas en la Gran Chichimeca, la Tierra Nómada en términos de Fábregas Puig. Frontera entre cultivadores y cazadores complejos, que obligó a formular tecnologías especiales de colonización, disímiles a las hechas en el centro y sur del país. Formas que fraguan preguntas clave para comprender la actual región, entre otras, la presencia tlaxcalteca, el rancho, la hacienda, la villa, el presidio y la misión.

La presencia del poder colonial en esta zona se dio a raíz de los hallazgos de la riqueza mineral. Dicha explotación está plagada por la discontinuidad, bajo periodos de bonanza y declive, que provocaron el abandono del lugar hacia 1622. En 1699 resurge por la extracción de plata sosteniéndose hasta 1736. En 1767, en un periodo de declive minero, se gestaron “los tumultos”, originados por el intento de regular la explotación minera artesanal. Dichas rebeliones llegaron a la capital potosina, en barrios ocupados por los indígenas nativos, a excepción de aquellos habitados por tlaxcaltecas.

En 1816 renace el lugar con la instalación de la mina Victoria. En 1925 con la política agraria atada a la norma fundante de 1917, se dota de ejido a Cerro de San Pedro. Se intentó hacer la reconversión de la actividad minera a una de producción agrícola, sin embargo, el proceso se estancó con la llegada de la compañía minera estadounidense Asarco en 1928, que duró hasta 1948. Ante ello, la mayoría de sus habitantes y ejidatarios, se trasladaron a otros territorios, principalmente al municipio potosino de Charcas, y a Parral, Chihuahua. Con la reforma a leyes agrarias y mineras de finales del siglo XX, se propició la llegada al país de empresas mineras, en el caso que nos ocupa la Minera San Xavier (MSX).

Casi paralelamente, a finales del siglo XX, se da el regreso de antiguos habitantes de Cerro de San Pedro, los cuales son los fundadores del movimiento de resistencia al actual proyecto minero. Una de sus primeras acciones fue la constitución del Patronato Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Cerro de San Pedro. Estos sujetos han resignificado su territorio, presente en su memoria colectiva; en consonancia con la movilización social han tejido audiencias dentro y fuera del país y lazos con diversos sujetos emergentes. Posteriormente formaron un frente compuesto de ambientalistas, académicos, artistas, sindicalistas y estudiantes enriquecidos con la precisión de los argumentos históricos, culturales, ambientales y jurídicos.

Entre sus herramientas de lucha destaca el uso alternativo del derecho; de internet, y la implementación de alternativas económicas y culturales, que van desde la organización de festivales, protección de naturaleza endémica, pequeños proyectos productivos e incluso restauración de casas con valor histórico.

Se podría advertir que la creación del territorio y de otras nociones del desarrollo desde el lugar, por parte de estos actores, se ha dado en un marco de resistencia multivariada histórica y coyuntural, abierta y carente de dogmatismos, en tanto a formas diversas de resignificar el pensamiento y la acción colectiva, presente en sus distintas escalas, enclaves para futuros proyectos societales que lo hacen parte de nuevos actores en resistencia sobre el actual territorio conocido como Latinoamérica.

Acciones colectivas contra-hegemónicas, en tensión y disputa con la crudeza del actual capitalismo neocolonial, junto a sus síntomas más evidentes de crisis civilizatoria, la construcción hegemónica del territorio y del desarrollo y su nueva tecnología expoliadora tanto del ser humano como de la naturaleza, representada entre otras, en grandes proyectos mineros a cielo abierto.

San Luis Potosí Legislación y ejercicio de derechos indígenas Agustín Ávila Méndez Programa de Agua y Sociedad, El Colegio de San Luis FOTO: Victoria Pickering Para comprender la importancia de este artículo, es necesario destacar antes que nada que el 94 por ciento de los indígenas potosinos, que representan el 15 por ciento de la población estatal, hablantes del náhuatl, huasteco (teenek) o pame, residen en la porción huasteca de esta entidad. La experiencia potosina de reforma indígena se ha distinguido en el plano nacional como el esfuerzo local más acabado en el ejercicio de los derechos indígenas por: 1) haber elevado estatalmente los derechos otorgados por encima de los concedidos a escala federal en la reforma constitucional del 2001, al reconocer a las comunidades indígenas la calidad de sujetos de derecho público, personalidad jurídica y patrimonio propio, así como la existencia de la policía comunitaria, entre otras cosas; 2) haber generado los instrumentos que permiten hacer exigible y aplicable el ejercicio de derechos, al identificar y reconocer legalmente a los titulares de derechos colectivos, es decir, a las comunidades, las cuales entonces al disponer del instrumento para acreditar ante cualquier juzgado titularidad, cuentan con la potestad concreta para hacer exigibles las normas jurídicas establecidas, y 3) haber generado una lógica y una mecánica de aplicabilidad inmediata y en buen grado autoejecutable que no requiere necesariamente de una burocracia, la cual invariablemente deviene en tutelaje y paternalismo. En lo sustancial, se descriminalizaron las prácticas sociales, políticas y jurídicas de las comunidades, al darles validez legal a todas aquellas compatibles con los derechos humanos y los derechos de las mujeres. Por otro lado, la reforma deviene como resultado de la modificación o emisión de disposiciones legales a la legislación secundaria en cascada y con coherencia jurídica para definir ámbitos de competencia. Esta reforma ha logrado efectos de impacto local y nacional. Se puede citar como ejemplo el cambio en las reglas de operación para definir a los elegibles para recibir fondos de desarrollo e infraestructura. Efectivamente, el reconocimiento legal de cada comunidad, instaurado mediante un Padrón Estatal de Comunidades Indígenas, obligó a que la Secretaría de Hacienda modificara a partir del 2010 la elegibilidad. Pasó de involucrar sólo a las localidades donde más del 40 por de habitantes son hablantes de una lengua indígena, a esas y a las “comunidades indígenas reconocidas por cada gobierno estatal”, Así se elevó de 310 a 389 el número de comunidades elegibles para recibir financiamiento vinculado al desarrollo indígena. Esta situación de cambio de reglas para modificar la elegibilidad ocurre hasta hoy en San Luis Potosí y Querétaro; en este último estado se replicó en algún grado la metodología del padrón de comunidades indígenas generada en el Colegio de San Luis, a partir de la cual se ha establecido puntualmente quiénes son los derechohabientes de la ley. De ahí es que ahora el registro estatal de las comunidades a partir de la auto adscripción, y no de un porcentaje de hablantes de lengua indígena, se ha convertido en demanda indígena nacional. Esta reforma se puede resumir como el reconocimiento legal de las prácticas autonómicas de las comunidades indígenas que son vigentes y compatibles con los derechos humanos. Entonces resultó que una reforma modesta y de consenso, que sólo se propuso reconocer legalmente lo que ya existía, ha sentado sólidas bases para mantener y consolidar el ejercicio histórico de la autonomía comunitaria, y con ello, posiblemente sin plena conciencia, los legisladores potosinos dieron un paso fundamental, y como dicen los médicos, una acción fulminante, de efectos inmediatos para descriminalizar las prácticas autonómicas de las comunidades. En los hechos todo ello significó entonces instaurar un cuarto nivel de gobierno, eso sí sin llamarle de esa manera. Pasaron siete años para lograr la identificación y el registro legal de las 389 comunidades encontradas. No obstante, es de reconocerse que son todas las que están, pero no están todas las que son; los medios son disponibles y los interesados en su caso deberán tomar sus decisiones y encaminar acciones. La tarea debe proseguir. La elaboración del padrón de comunidades indígenas tuvo una duración cercana a los cinco años, pues se realizó directamente en campo, donde comunidad por comunidad y en acuerdo con sus autoridades y asambleas, se validaron los datos recogidos, entre ellos su propia definición de auto reconocimiento. Paralelamente se acompañó de una inicial y débil intención por recuperar, en el ejercicio, la existencia de un sistema de gobierno y sus reglas de comportamiento como evidencias de que las comunidades cuentan con los elementos propios de un sujeto de derecho público, decantado gracias a una sorprendente y fundamental participación comunitaria que se encargó de recuperar su historia, su mapa comunitario y sus maneras de proceder en ese difícil arte que es la convivencia. Con ello entonces es de anotar que reforma constitucional, ley reglamentaria y padrón de comunidades han sido en buena medida resultados de la movilización comunitaria cotidiana, misma que en los 80 años pasados les permitió recuperar sus tierras y su patrimonio.

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