Durante el sexenio de Felipe Calderón, los derechos sociales, culturales y ambientales sufrieron un grave retroceso, en particular los relacionados con la alimentación, la vivienda digna y el trabajo, en el contexto de la crisis general provocada por un modelo económico que genera desigualdad y concentración de la riqueza, se advierte en un estudio del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.

En el documento Experiencia de participación de movimientos sociales en la defensa y reivindicación de los derechos a la alimentación, vivienda y laborales en México, el mencionado colectivo evaluó el nivel de cumplimiento de las garantías en el país en 2012, lo cual sirvió también como un panorama de lo hecho en este terreno durante toda la administración calderonista.

Aarón Hernández, integrante del área de investigación del Centro Vitoria, subrayó que en el sexenio pasado las garantías básicas de los mexicanos fueron atropelladas, como demuestra el hecho de que, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 24.2 por ciento de la población vive en pobreza alimentaria.

De igual forma –dijo–, la estrategia de seguridad pública basada en la participación de las fuerzas armadas produjo decenas de miles de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, desplazamiento de refugiados internos, criminalización de luchadores sociales y casos de tortura y malos tratos, en muchos de los cuales participaron los cuerpos oficiales de seguridad.

Sobre el derecho a la alimentación, Salomé Almaraz –coordinadora del informe– indicó que es evidente que las autoridades no tienen un plan para combatir la escasez de productos básicos o la especulación de los intermediarios, como demuestra el aumento en el precio del huevo, luego de un brote controlado de gripe aviar.

Además –señaló–, han desoído las advertencias del relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, Oliver de Schutter, de que las semillas transgénicas pueden acentuar la dependencia alimentaria, y han aprobado siembra experimental de maíz, sin importar que aún no se haya comprobado la inocuidad de ese producto, lamentó.

Sobre el derecho a la vivienda, el Centro Vitoria señala en su documento de 89 páginas que el gobierno de Calderón profundizó la dinámica de escasez y privatización de espacios habitacionales, y a consecuencia de ello actualmente hay 15 millones de familias sin recursos suficientes para adquirir una casa digna, la mayor parte de ellas en los estados de Chiapas y Guerrero.

Asimismo, datos oficiales indican que más de 64 por ciento de la fuerza laboral no tiene acceso a seguridad social, la tasa de desempleo se mantiene por arriba de 5 por ciento –en perjuicio de los jóvenes, sobre todo–, el número de casas sin agua corriente aumentó a más de 9 por ciento y diversas comunidades siguieron siendo despojadas por megaproyectos económicos.

En gran medida –destaca el estudio–, todo ello es posible porque el nivel de participación ciudadana es muy endeble y se limita a los comicios; hay poca información y debate sobre los temas de interés público y los métodos de consulta a la sociedad son inoperantes o nulos.

Ante dicho panorama, Miguel Concha Malo, director del centro, advirtió que la raíz de la falta de cumplimiento de los derechos sociales, culturales y ambientales está en el actual modelo económico, que sólo provoca mayor desigualdad.

La pobreza no se va a acabar con pactos entre las cúpulas de los tres principales partidos o con programas asistenciales, debe haber un programa nacional de desarrollo en cuya elaboración participe la sociedad, enfatizó.