El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto prepara un proyecto de reforma a varios artículo de las leyes federales de Seguridad Nacional y contra la Delincuencia Organizada con el propósito de acotar las figuras de testigo protegido y arraigo, informaron a La Jornada fuentes gubernamentales.

Se está preparando una reforma que modificará los artículos 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, además de que se incluirá en la Ley de Seguridad Nacional un apartado para regular a los testigos protegidos, indicaron las fuentes consultadas.

El abogado penalista Rogelio Garza García consideró que es indispensable limitar los tiempos en que puedan declarar los testigos colaboradores de la Procuraduría General de la República (PGR) para evitar abusos de los fiscales antidrogas en la persecución de bandas criminales.

Ha sido común en los seis años recientes que un testigo protegido, que perteneció al crimen organizado, declare en una averiguación previa contra determinada persona, y años después, como si su memoria fuera intacta, la misma persona recuerde nuevos hechos para perjudicar a cualquier personaje político crítico del régimen en turno, refirió Garza al recordar casos como el michoacanazo, en 2009, cuando se detuvo a varios funcionarios del gobierno de Michoacán acusados de narcotráfico.

No es la primera vez que se pretende reformar la Ley de Seguridad Nacional. En 2011, una propuesta fue enviada al Congreso de la Unión por el entonces presidente Felipe Calderón.

La diferencia con la actual propuesta de reforma –que apenas se está preparando y aún no hay fecha exacta para su conclusión y presentación– es que en aquella, además de que no se pretendía acotar la figura de testigo protegido, se optó por otorgar más facultades legales al Ejército para la persecución del crimen organizado.

De hecho, el proyecto de dictamen que los legisladores elaboraron a partir de la propuesta de reforma a la Ley de Seguridad Nacional enviada por el gobierno calderonista (se discutió en la Cámara de Diputados en abril de 2011), abrió la posibilidad de que el presidente de la República solicite y declare la intervención de las fuerzas armadas contra movimientos o en conflictos de carácter político, electoral, de índole social o de trabajo, cuando considere que constituyan un desafío o amenaza a la seguridad interior.

En esa ocasión, el proyecto de dictamen a la minuta del Senado que modifica la ley incluyó otorgar atribuciones a militares, marinos y agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional para intervenir comunicaciones telefónicas, previa orden judicial; realizar tareas de espionaje y seguimiento a presuntos miembros de la delincuencia organizada, e integrar expedientes confidenciales, incluso de carácter político.

Ahora las cosas son diferentes, y la administración de Enrique Peña Nieto está marcando distancia respecto de la estrategia de seguridad nacional aplicada por su antecesor, al pretender establecer en las leyes secundarias acotaciones a diversas figuras legales (como el uso de testigos protegidos y el arraigo), para dar paso al respeto elemental de los derechos humanos y garantías constitucionales de los procesados, como es el caso del debido proceso y la presunción de inocencia, destacó el penalista Rogelio Garza.