Los abogados de los generales Tomás Ángeles, Roberto Dawe y Rubén Pérez Ramírez interpusieron este jueves una demanda de amparo –preparada con anticipación– en contra del auto de formal prisión que ratificó el pasado miércoles un tribunal unitario, informaron fuentes judiciales.

Ahora, un tribunal colegiado de circuito será el encargado de resolver en definitiva si se concede la libertad a los militares, ante presuntas violaciones a sus garantías constitucionales.

El miércoles, un tribunal unitario de Toluca ratificó el auto de formal prisión dictado en contra del general de división Tomás Ángeles Dauahare y otros cuatro militares acusados de proteger al cártel de los hermanos Beltrán Leyva, por lo que continuarán presos y sujetos a juicio por delincuencia organizada.

Los militares perdieron la apelación debido a que el tribunal consideró que la Subprocuraduría Especializada en Investigación sobre Delincuencia Organizada (Seido) acreditó la existencia del delito y la probable responsabilidad de los inculpados.

Para el órgano jurisdiccional, los dichos del testigo protegido conocido como Jennifer y de Sergio Villarreal, El Grande, narcotraficante que trabajara para el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, sí aportan un sustento al expediente de la Procuraduría General de la República (PGR), sin que existan otras pruebas contundentes que permitan desestimarlos.

Los testigos colaboradores, ambos presos en Estados Unidos, aseguran que los militares se confabularon para interceder o prestar a los Beltrán Leyva la protección necesaria para recibir aviones cargados con cocaína en los aeropuertos de Cancún, Toluca y Cuernavaca.

Con el fallo, el tribunal confirmó el auto de formal prisión dictado el pasado 6 de agosto por el juzgado tercero de distrito en materia penal de Toluca, que implicó el encarcelamiento de los militares, pues el delito que les imputan es grave.

La ratificación del auto de formal prisión convalidó la apertura del periodo de instrucción de un proceso ordinario, en el cual los acusados y la PGR tendrán la oportunidad de ofrecer las pruebas que consideren necesarias para demostrar sus posturas.

En noviembre del año pasado, la Seido había devuelto las cuentas bancarias y los inmuebles asegurados al general Ángeles Dauahare. La subprocuraduría retiró la medida impuesta a dos cuentas financieras del militar, una de Banorte y otra de Actinver, así como a dos casas en Cuernavaca, de las cuales el general había dicho que eran ajenas a la investigación.

En tanto, los abogados de los generales presos no han conseguido, después de cuatro meses de proceso, que la PGR ubique el paradero del ex fiscal Gustavo Adolfo Flores Delgado, quien se presume ofreció beneficios de testigo protegido a Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, para incriminar al general Ángeles Dauahare. Flores renunció a la Seido hace un mes.

Desde octubre pasado, el juez tercero de distrito en materia penal con sede en la ciudad de Toluca, Raúl Valerio, citó a declarar a Flores en el juicio contra los generales, pero éste nunca acudió a la audiencia, indicaron las fuentes consultadas.