Acapulco, Gro., 17 de enero. La administradora portuaria integral (API) que tiene la concesión de la terminal marítima en la zona tradicional de este puerto, busca apropiarse de 4 mil metros cuadrados que formaban parte de una concesión 18 mil que recibió en 1994, y que perdió en 1996 al modificarse el título que se le otorgó.

El representante legal del Movimiento por la Paz (que aglutina más de 10 asociaciones ciudadanas), José Luis Gallegos Peralta, explicó que el 20 de junio de 1996, cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) renovó la concesión de la API, se modificó en el título original un apartado sobre el estacionamiento ubicado a un costado del muelle, en la plaza Heroica Escuela Naval, y sobre el muelle de pesca deportiva y el jardín del puerto, donde los concesionarios pretenden construir un área para más de 450 vehículos.

El documento dice que la SCT consideró conveniente excluir dichos espacios del recinto portuario para destinar parte de la terminal a la atención de turistas y la promoción cultural, comercial y de negocios.

Gallegos Peralta negó que la API hubiera ganado un amparo contra la clausura impuesta por la secretaría de desarrollo urbano y obras públicas del municipio el 2 de diciembre de 2011 en el jardín, por considerar que el proyecto presentado por la API para pavimentar 4 mil 576 metros cuadrados, además de derribar árboles, no era viable ni conveniente para la estructura urbana. Debido a las anteriores infracciones, a la API se le aplicó una multa de un millón 301 mil 676 pesos.

En conferencia de prensa, José Luis Gallegos aclaró que la API ganó una suspensión a medias, no el fondo del asunto, y la determinación del segundo juzgado de distrito sobre el amparo interpuesto por la API en diciembre de 2012 precisa que la situación debe mantenerse como está hasta que concluya el juicio en curso.

Indicó que la próxima audiencia será el 23 de enero, cuando los ambientalistas solicitarán al juez segundo de distrito sobreseer el juicio a la API, por no tener derechos sobre el jardín.

Gallegos Peralta sostuvo que la API está obligada a obtener autorización municipal para construir en el área concesionada.